 |
| El sermón del religioso español (**). |
Por: Juan Carlos Torres Márquez (*)
I. Introducción.- El factor religioso ha sido un tema de inquietud constante en la humanidad. Muchas corrientes intelectuales contemporáneas, tales como el marxismo
(1), existencialismo, humanismos cristianos
(2) entre otros, concluyen en que la religión - entendida como la búsqueda de una entidad trascendental - es parte de la condición humana.
La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y constitucional; porque así lo afirman enfáticamente la mayoría de Declaraciones, Convenciones, Pactos sobre derechos humanos, así como también algunos de nuestros textos constitucionales, sobre todo nuestra Carta de 1979 y nuestra actual Constitución de 1993.
Como sea, el tema de esta ponencia, no apunta a, afirmar o a negar, tal o cual religión, probar la existencia de divinidad alguna; sino, se centra en el tratamiento jurídico que se le da a dicho fenómeno en nuestro país.
Para eso, hemos dividido el presente ensayo en las siguientes partes: en primer lugar, haremos una precisión de los alcances y contenidos del derecho a la libertad religiosa, esto es, sus origenes, la distinción entre libertad religiosa y libertad de conciencia, la idea del culto, la reserva de conciencia y de religión, y las restricciones a dicho derecho subjetivo; en segundo lugar, describiremos el marco constitucional que reconoce dentro de nuestro ordenamiento dicho derecho; en tercer lugar, explicaremos alguno artículos del proyecto de ley N° 0894, para ello haremos un análisis exegético, sociológico y dogmático del mismo; por último arribaremos no a unas conclusiones del tema, sino a unas cuantas reflexiones que no zanjarán nuestro asunto, por el contrario, abrirán nuevas interrogantes que plantearán nuevas hipótesis y posibles soluciones al tema de nuestra ponencia.
II.- Alcances y contenido.- La libertad religiosa es un derecho humano, correspondiente a toda persona natural en cuanto tal; es un derecho fundamental, vinculado al derecho a la LIBERTAD, el cual constituye un pilar para nuestro ordenamiento jurídico (del mismo modo que su conexo derecho: IGUALDAD); y en general, para todo aquel Estado que se considere democrático.
Es más, el liberalismo y la tolerancia religiosa están intimamente relacionados, tanto desde un punto de vista histórico como conceptual. Históricamente, surgen en Occidente durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, que enfrentaron a católicos y a protestantes. A nivel conceptual, el desarrollo de la tolerancia religiosa fue una de las raíces históricas del liberalismo; dicho en otras palabras, el liberalismo es una extensión del principio de tolerancia religiosa
(3).
Estas nociones tienen, además, un sustento filosófico en las corrientes consensuales y iusnaturalistas modernas, las cuales surgieron durante los siglos XVII y XIX. Para estas, el punto de partida es el individuo
(4), el cual es un fin en si mismo, quien no podrá por tanto verse mediatizado para propósitos que amenacen o atenten contra su dignidad.
De ahí que los conceptos de libertad religiosa y libertad de conciencia, en tanto derecho individuales, sean fenómenos occidentales, propios de sociedades democráticas.
Para nosotros poco importa si la libertad religiosa es un derecho prexistente al hombre, esto es si es reconocido por el Estado; o si es un derecho creado por dicho orden político. Lo que nos interesa es determinar cual es la efectiva viabilidad del mismo.
2.1. Derecho a la libertad de conciencia y Derecho a la libertad religiosa.-Tanto la libertad de conciencia como la libertad de religión, si bien es cierto son dos derechos subjetivos que se encuentran en la esfera interna de cada individuo y que pueden confluir en algunos de sus postulados, son dos derechos de distinto contenido
(5).
2.1.1. Derecho a la libertad de conciencia.- Es el derecho de toda persona a formar libremente la propia conciencia, de modo que, en dicho proceso, no haya intromisión alguna. Este libre desarrollo de la personalidad supone que en el transcurso de la vida, la persona se vaya formando en valores y en principios, que generen un cúmulo de criterios e ideas propios.
El Estado Constitucional de Derecho (
Rule of law) protege aquella formación frente a perturbación o imposición de cualquier tipo. Ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales que cuenten con el más sólido y abrumador apoyo social, puesto que, una condición intrínseca al ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas de la minoría.
2.1.2. Derecho a la libertad de religión.- Consiste en el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en los dogmas y doctrinas planteadas por dicha confesión, de manifestar pública o privadamente las propias creencias y de practicar el respectivo culto. Este derecho se entrelaza con otros derechos fundamentales: libertad de expresión, asociación, reunión, educación, entre otros.
Al igual que los otros derechos de libertad, el derecho a la libertad religiosa tiene una vertiente negativa, que garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte en actos de la naturaleza antes descrita.
En sentido estricto, la libertad de conciencia se vincula a la libertad de ideas; mientras que la libertad de religión, a la libertad de creencias.
Ambos se encuentran reconocidos expresamente en la actual Constitución.
Gozan además de pleno reconocimiento internacional. Se encuentran reconocidos por: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)
(6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Observación General Nº 22 del Comité de Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) entre otros documentos.
2.2. La libertad de culto.- La Observación General Nº 22 del Comité de Derechos Humanos nos brinda una definición del concepto de culto en su párrafo 4: “… se extiende a los actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así como a las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, comprendidos la construcción de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto”.
Para la Declaración Universal de Derechos Humanos la libertad de culto entraña lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. (Artículo 18°)
Por su lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”. (Artículo 18.1°)
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. (Artículo 18.4°)
2.3. La reserva de la conciencia y religión.- También conocido como el derecho al silencio o al secreto. Es el reverso del derecho a la libertad de expresión.
Supone aquella facultad del propio sujeto de no exteriorizar a los demás sus propias ideas o sentimientos. Esta reserva también puede incluir a la conciencia y a la religión.
Esta libertad se encuentra protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”. (Artículo 18.2°)
2.4. Las restricciones a la libertad de conciencia y religión.- La existencia de límites al ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa es expresión de que, los derechos fundamentales no tienen carácter absoluto.
Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe lo siguiente: “La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. (Artículo 18.3°)
Así, los limites a la libertad de conciencia y de religión son los siguientes:
a) Legalidad: las restricciones a la libertad de conciencia y religión deben estar previstas en una ley
(7).b) Legitimidad: asimismo se requiere que las restricciones a la libertad de conciencia y de religión se encuentren orientadas a proteger objetivos legítimos. Las normas internacionales sobre derechos humanos señalan cuáles pueden ser estos fines u objetivos cuya tutela justifica. A continuación ofrecemos algunos alcances generales sobre estos:
· Respeto a los derechos fundamentales de los demás: se parte de la necesidad de proteger los derechos garantizados por los instrumentos internacionales, en especial el derecho a la igualdad y la no discriminación en todos los terrenos especificados en los artículos 2°, 3° y 26° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente:
I. “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (Artículo 2.1°)
II. “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”. (Artículo 4.1°)
Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en lo tocante al tema prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. (Artículo 2.1°)
· La protección de la seguridad nacional: la jurisprudencia constitucional de cada país tiene que realizar una labor de interpretación sobre lo que debe entenderse por seguridad nacional, a efectos de aplicar ese concepto al análisis de las restricciones que por esa razón se establezcan a la libertad de conciencia y de religión.
· La protección del orden público: para la Corte Interamericana se debe entender por orden público “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”
(8). Por su parte, el relator de las Naciones Unidas considera que esta noción incluye “la defensa del orden y la prohibición del delito”
(9).· La protección de la salud pública: supone un estado de bienestar físico, mental, que permita el desarrollo integral del individuo. Con mayor razón si se trata de un niño, cuyo interés es superior.
Si bien es cierto existen instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional (Artículo 18.4°) y la Convención Americana (Artículo 12.4°) que reconocen el derecho de todos los padres a elegir la educación religiosa o moral para sus hijos, no obstante ello, se debe hacer una integración jurídica con la Convención sobre los derechos del niño (Artículo 14°) y con la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, cuyo artículo 5°, prescribe que se debe de tomar en cuenta que la práctica de la religión o convicciones en que se educa al niño, no deberá dañar su salud física o mental ni su desarrollo integral.
· La protección de la moral pública: el Comité de Derechos Humanos reconoce que el concepto de moral pública varía ampliamente. Por su parte, el relator de las Naciones Unidas ha señalado que este concepto depende en gran medida del contexto nacional, lo cual incluye aspectos culturales, lo cual supone dejar a los Estados cierto margen de valoración al respecto.
· La prohibición de toda propaganda en favor de la guerra y de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia: respecto a este tema, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha señalado lo siguiente: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. (Artículo 20.2°).
Al respecto, tal como dice el Comité en su comentario general 11
(10), los Estados Partes tienen la obligación de promulgar leyes que prohiban tales actos.
c) Necesariedad: las restricciones a la libertad de conciencia y de religión deben ser necesarias para lograr esa protección, para asegurar la obtención de ciertos fines legítimos, esto es, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por las normas internacionales.
III.- Marco Constitucional.- En nuestro país uno muy bien podría jactarse, a primera vista, de que no se hayan vivido guerras religiosas (como por ejemplo las ya mencionadas guerras de religión que enfrentaron a católicos y a protestantes en el continente europeo), ni que se hayan suscitado persecuciones de grupos etno-religiosos
(11). Esto tiene su base en razones históricas: la ausencia de tales sucesos se debió al hecho paradójico que hubo una misma religión, la católica, apostólica, canónica e indiana, la cual, aunque si bien es cierto fue impuesta desde los inicios de la conquista y se fue consolidando en el virreinato, en todo el territorio nacional, contribuyo en cierto modo a homogenizar nuestra ya amalgamada sociedad. Lo cual muchas veces, aunque no siempre
(12), ayuda al fortalecimiento y unidad de los estados modernos.
Ahora bien, esto no significa que por ello el tratamiento jurídico dado al tema sea de avanzada, ni que haya concluido, según iremos viendo en las siguientes líneas.
Por eso, nuestro punto de partida es el Perú republicano, ya que antes nuestro país, al depender de la metrópoli española, no era soberano en sus decisiones. En cambio, recién a partir de 1821, ya puede dictarse sus propias normas y organizar a su respectiva sociedad, compuesta esta última ya no de súbditos, sino de ciudadanos libres e iguales (sobre todo de 1849 en adelante, al menos formalmente).
Es así, que iremos comenzando por un marco constitucional, el cual supone una separación de los poderes estatales, un imperio de las leyes que establezcan derechos y obligaciones correlativos entre los ciudadanos, y un respeto por los derechos y libertades fundamentales.
Dentro de este ámbito se distinguen dos etapas: una de exclusión de otras religiones distintas a la católica; y la otra de reconocimiento de otras confesiones, que se extiende hasta nuestros días.
3.1.1.- Etapa de exclusión.- Dentro de este período tenemos los siguientes textos constitucionales:
a) La Constitución de 1821, en su artículo 8°, cuyo texto es el siguiente: “La religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra”.
Dicha norma delimita su propio universo jurídico: únicamente la religión católica.
b) La Constitución de 1828 en su artículo 3°, cuyo texto señala lo siguiente: “Su religión es la Católica, Apostólica, Romana. La Nación la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio; y no permitirá el ejercicio de otra alguna”.
Esta otra norma es expresamente excluyente, debemos entender que cuando habla de su ejercicio se refiere a la esfera pública.
c) La Constitución de 1856 en su artículo 4°, señala tajantemente un ámbito de exclusión del ejercicio público para el resto de religiones: “La nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana. El Estado la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permite el ejercicio público de otra alguna”.
d) La Constitución de 1920 en su artículo 5°, recoge el espíritu de la de 1821, al no prohibir taxativamente a las otras confesiones: “La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana. El Estado la protege”.
3.1.2.- Etapa de reconocimiento.- A partir de la Constitución de 1933 en adelante, el Estado va abandonando poco a poco su papel confesional, para ir permitiendo el reconocimiento, la libre expresión, así como la protección a otros cultos.
Así, tenemos los siguientes textos constitucionales:
a) La Constitución de 1933 en su artículo 232°, señala lo siguiente: “Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la Religión Católica, Apostólica y Romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos”.
b) La Constitución de 1979 se aparta de su rol confesional y declara su compromiso de colaboración tanto con la religión católica, (a la que reconoce su papel histórico); como con otras (de ser el caso). Este será a partir de entonces el espíritu prevaleciente en lo tocante a libertad religiosa. Así, el artículo 86° de dicha Carta señala lo siguiente: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración”.
c) Por último, como ya lo habíamos mencionado, la actual Carta de 1993 en su artículo 50°, recoge el mismo espíritu que su homóloga anterior, tal como lo declara en el siguiente texto: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”.
Por otro lado, se reconoce también la igualdad y la libertad ante la ley para las otras religiones:
- El artículo 2°, inciso 2 faculta que: “Toda persona tiene derecho:... a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.
- Su correlato se encuentra en el mismo artículo 2°, en el inciso 3: “Toda persona tiene derecho:... a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.
IV.- El proyecto legislativo Nº 0894.- Con fecha 03 de octubre del 2001, el congresista del partido democrático SOMOS PERU, integrante del Grupo Parlamentario “Unión Parlamentaria Descentralista”, Natale Amprimo Plá, presenta la iniciativa legislativa referida a la libertad religiosa para el Perú, la titula: “Ley de libertad religiosa”
(13).Nuestro propósito no será el ir comentando minuciosamente cada artículo de tales cuerpos normativos, sino señalar los aspectos que consideremos más resaltantes de estos.
En principio, consideramos innecesario la elaboración de un proyecto de ley por razones que tienen su origen en un análisis costo-beneficio. Pudo en todo caso, haberse precisado los alcances técnicos en las normas anteriormente citadas.
Nuestra crítica se centra en torno a estos tres puntos: los límites al ejercicio de los derechos establecidos, el concepto mismo de iglesia o confesión religiosa, y las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.
- Limitaciones al ejercicio de los derechos establecidos.- El primer tema se encuentra señalado en el artículo 4°: “El ejercicio de todos los derechos que se contemplan en esta Ley, como derivados de la libertad de conciencia y de religión, tiene como límites el ejercicio del derecho ajeno, las normas de orden público y las buenas costumbres.
Las convicciones religiosas no pueden ser invocadas para abstenerse de cumplir con los deberes ciudadanos, políticos y de otra naturaleza que imponen la Constitución y la Ley.
Tampoco pueden primar sobre la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fines supremos de la sociedad y el Estado”.
El primer párrafo nos parece claro. Señala como primeros límites el respeto por los derechos ajenos, el orden público y las buenas costumbres. Estos dos últimos conceptos se pueden encontrar en la doctrina civilista.
El segundo párrafo supone el cumplimiento de ciertas conductas, como por ejemplo, saludar los símbolos patrios, realizar el servicio militar obligatorio. En cuanto a esto último, muchas personas se niegan a cumplir el servicio militar obligatorio, amparándose en que su derecho se deriva de sus libertades de conciencia y religión. En vista de la creciente negativa de estos sujetos, es que algunos Estados, mediante sus normas internas, han eximido del servicio militar obligatorio a los ciudadanos que explícitamente profesan crencias religiosas y de otra naturaleza que les impida realizar el servicio militar, el cual podrá ser sustituido por algún servicio nacional alternativo.
El tercer párrafo se refiere a un principio fundamental del derecho: el respeto a la dignidad de la persona humana.
Un claro ejemplo de una situación límite que suponga una excepción al ejercicio absoluto de alguna confesión, podría ser por ejemplo, la negativa de los miembros de la comunidad de los testigos de Jehová a someterse a una transfusión de sangre como tratamiento médico. Tratándose de un adulto capaz no hay inconveniente alguno, pero que sucedería si el enfermo se trata de un recién nacido, por tanto, incapaz
(14). A primera vista la solución sería impedir a los padres o tutores del menor de edad, el ejercicio irrestricto de su fe para esta situación concreta y ordenar por ende a lo médicos a cumplir con el juramento de Hipócrates. Aquí se dan dos formas de enfrentamientos: por un lado, entre dos ordenes jurídicos, el ordenamiento jurídico estatal que intenta actuar con su
ius imperium y una forma de pluralismo jurídico representado por dicha comunidad religiosa; por otro lado, entre dos derechos fundamentales, la vida del menor, y la libertad religiosa de los padres.
La única opción que encontramos sería suministrar otro tratamiento alternativo al recién nacido. Pero en caso de no existir éste y ante una negativa rotunda de los padres que pueda traer como consecuencia la infausta muerte del bebe, lo más prudente sería que las autoridades judiciales valoraran estos aspectos culturales
(15) antes de dar cualquier típica respuesta usando las normas vigentes de sus respectivos ordenamientos.
- Concepto de iglesia, confesión o institución religiosa.- En cuanto a este aspecto, la noción de iglesia o confesión religiosa, se encuentra explicada en el artículo 5°: “Para efectos de la presente Ley, se entiende por iglesia, confesión o institución religiosa a la entidad formada por personas naturales que profesen una fe determinada, la practiquen, enseñen y difundan”.
Al referirse a una “fe determinada”, esta idea limita su universo únicamente a confesiones religiosas ya existentes; que pasaría entonces con otros grupos que busquen formar su propia comunidad religiosa. Históricamente toda religión comenzó con un grupo reducido de seguidores. Por lo tanto, impide a otras personas naturales buscar su propia identidad.
Sobre el tema, somos de la opinión que todo Estado laico y aconfesional es, en principio, incompetente para definir lo que es una confesión religiosa. No obstante ello, no siempre el Estado podrá reconocer de manera indiscriminada el carácter religioso de un grupo que se proclama como tal. Ello obedece a la dimensión social de los grupos confesionales, quienes deberían cumplir ciertos requisitos, contar con un número razonable de fieles, estar dotados de una organización propia y autónoma con respecto a otras entidades religiosas, y ofrecer garantías de estabilidad y permanencia en tanto institución. Por razones prácticas, convendría seguir estos criterios objetivos, ya que muchos grupos suelen evadir tributos y demás exoneraciones fiscales bajo esta apariencia
(16).De otro lado, el artículo 7° establece que entidades y actividades no se encuentran amparadas por dicho proyecto legislativo: “Las actividades o entidades relacionadas con el estudio o experimentación de fenómenos astrofísicos, psíquicos o parasicológicos, adivinación, astrología o difusión de ideas o valores puramente filosóficos, humanísticos o espiritualistas, ritos maléficos, u otro tipo de actividades o entidades análogas, no son amparadas por la presente Ley”.
¿Qué sucedería, entonces, con todos aquellos grupos esotéricos que cuentan con un número considerable de seguidores, difunden su doctrina y están a la búsqueda de su propia verdad trascendente?. Dicha norma los discrimina, ni siquiera señala de manera razonable cuando estamos frente a una entidad religiosa, concepto a nuestro entender de por sí subjetivo.
Un criterio amplio y flexible de los términos creencias y religión, respectivamente, podría incluir también a los grupos no teístas, agnósticos y ateos, o simplemente el derecho a no profesar ninguna religión o creencia en particular
(17).
- Relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.- Por otro lado, el artículo 11° fija los criterios bajo los cuales se rigen las relaciones entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica: “Las relaciones entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica se rigen, en cuanto a la situación jurídica de ésta y la colaboración entre ambas, por lo dispuesto en el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por el Decreto Ley N° 23211”.
Sobre el particular, creemos que existe un consenso en cuanto a la idea que - al margen de cuál sea nuestra convicción religiosa - la Iglesia Católica, es un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral de nuestra población. Nuestro Estado le prestará su colaboración y podrá hacerlo también con otras denominaciones religiosas. Sin embargo, dicha ayuda brindada a esta institución, en particular, se traduce, por un lado, en subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia; y por otro lado, en exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales. Esta clase de apoyo preferencial muy bien podría ser exigido por otras comunidades religiosas, las cuales en caso contrario, podrían alegar que concurren supuestos de trato diferenciado que en condiciones de igualdad supone un detrimento de derechos políticos, civiles o económicos, en otras palabras, que habría una discriminación
(18).
Previamente habría que explicar cuál es el estatuto de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica es un sujeto de derecho internacional, porque tiene por sí misma una estructura jerárquica altamente centralizada, cuyo órgano central de gobierno es la Santa Sede o Sede Apostólica, a cuya cabeza se encuentra el Papa. No se encuentra sometida a poder temporal alguno. Cuenta con territorio y miembros propios. Nombra embajadores, celebra acuerdos con rango de auténticos tratados internacionales, participa en conferencias y organismos internacionales, e inclusive actúa como entidad mediadora entre las partes que se vean afectadas por algún diferendo de carácter internacional
(19).
El sustento jurídico de la colaboración estatal se encuentra en los concordatos celebrados, de una parte por la República del Perú, y de otra parte por el Estado de la Ciudad del Vaticano
(20). Estos instrumentos internacionales, tienen la condición de tratados, a los cuales las sucesivas constituciones les ha atribuido rango internacional.
V. Reflexiones finales.- Son las siguientes:
1º Somos de la opinión que en materia religiosa tenemos una legislación que reconoce y acepta unos pisos mínimos. Sin embargo, creemos que las normas existentes pueden pulirse o en todo caso, sus alcances podrían ser comentados por tratadistas entendidos en el tema.
2º El artículo 4° de dicho proyecto de ley, debió de haber incluido, además de los límites ya señalados, expresamente el respeto de los tratados internacionales, en especial los referidos a los Derechos Humanos.
3º Lo mismo ocurre en cuanto a los artículos 5° y 7° del citado proyecto de ley. Dicho criterio conceptual sobre lo que es iglesia, confesión o institución religiosa; restringe a otras comunidades de arraigada duración, que si bien es cierto no creen en una divinidad en particular, cuentan con un número considerable de seguidores: los grupos esotéricos, los agnósticos y ateos; por citar algunos ejemplos.
4º Respecto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia, estas se rigen por la subjetividad internacional de ambos Estados, y por las reglas del Derecho Internacional. Se traducen en una especial colaboración, en materia económica y tributaria, dispensada por un Estado laico a otro que representa a una comunidad religiosa en particular. El sustento de dicha situación jurídica se encuentra en los concordatos suscritos entre ambos sujetos. Lo cual deviene en un trato preferencial favorable a un grupo religioso en especial.
5º Debemos tener en cuenta que si bien es cierto la religión católica sigue siendo mayoritaria
(21), existen otros grupos que constituyen fuertes minorías en nuestro país (otros grupos cristianos no católicos, cristianos evangélicos, testigos de Jehová, israelitas del nuevo pacto, etcétera). Por esa razón, nuestras normas deberán de ser más permeables.
(*) Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tema objeto de exposición en el Segundo Coloquio de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
