Carta al director del diario "La República": Disturbios en La Parada

Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario “La República”, el día 10 de noviembre de 2012:
http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima-10-11-2012-pag6


"Señor director:

Es de lamentar los sucesos ocurridos en el mercado de La Parada (distrito La Victoria), durante los días 25 al 28 de octubre de 2012.

Sin duda existió una responsabilidad funcional en ciertas autoridades: el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; el director de la Policía Nacional del Perú, general Raúl Salazar; el director ejecutivo de Operaciones Especiales, general Abel Gamarra y; el jefe de la Sétima Región Policial, general Aldo
Miranda.
En cuanto a Miranda, su relevo ha sido atinado.
Respecto a los otros generales PNP, ellos fueron a una cena en el restaurante Brujas de Cachiche, en la cual se conversó sobre el desalojo en la Azucarera Andahuasi, a favor del grupo empresarial Wong; por tal motivo, debieron ser investigados penalmente o, en todo caso, removidos del cargo.

No obstante lo anteriormente dicho, no debemos perder de vista quiénes fueron los responsables penales por aquellos disturbios.
Para el caso que nos ocupa, nos referimos a todos aquellos vándalos que cometieron los siguientes hechos: agresión a la policía nacional y a la policía montada (incluyendo a la yegua Lamar), daños a la propiedad pública y/o privada, y saqueos a las tiendas.
De igual modo, son culpables quienes les pagaron a esta horda y, en general, todos los cómplices e instigadores que prestaron su ayuda a aquellos sujetos.

Por su lado, los comerciantes de La Parada tienen el deber de deslindar con esos maleantes y apoyar a la policía.
A aquellos comerciantes se les reconoce los derechos a la propiedad privada, la iniciativa privada y el emprendimiento. Pero ello no les da ningún derecho a transgredir normas legales, evadir impuestos, sobornar a las autoridades públicas para obtener sus licencias y permisos, ni ofrecer mercadería adulterada
o servicios deficientes al consumidor. Peor aún, contratar a delincuentes comunes para que actúen como sus matones.

De otro lado, no veo ningún tipo de responsabilidad en la alcaldesa de Lima Metropolitana, doña Susana Villarán.
Yo no soy ni militante ni simpatizante del partido Fuerza Social; más sí voté por ella. Y lo hice porque sabía que ella estaba dispuesta a auditar la gestión de su predecesor (Luis Castañeda Lossio) y enfrentar problemas estructurales que aquejan a nuestra ciudad. Entre estos problemas tenemos el transporte público y el comercio de La Parada.
Es injusto exigirle a la señora Villarán que solucione males endémicos que se encuentran arraigados por décadas en nuestra sociedad, los cuales muy pocos alcaldes intentaron arreglar. Por el contrario, muchos burgomaestres trataron de ganarse la simpatía de los comerciantes informales, permitiéndoles hacer lo que
les diera la gana.
Por ello, me opongo a la revocatoria promovida en contra de la gestión de la alcaldesa Villarán.

Finalmente, un dato importante para recordar ocurrió durante el segundo gobierno aprista. Fue en el operativo policial en el mercado de Santa Anita, en mayo del 2007.
Como muy bien lo señaló el periodista Augusto Álvarez Rodrich cuando era director del diario PERÚ 21, el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio “trató de pasar piola con el fin de eludir el costo político”; mientras que el ministerio del Interior de ese entonces efectuó el desalojo sin muertos que lamentar.


Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez".



Policía montada repeliendo el ataque de los vándalos. Diario "La República" (26 de octubre de 2012). 

Sobre el negacionismo

“Je ne sui spas d′accord avec que vous dites,
Mais je me battrai jusqu′a` la mort pour que
Vous ayez le droit de le dire”.

VOLTAIRE


El proyecto de ley del negacionismo, como su mismo nombre lo dice, busca castigar a todos aquellos que nieguen la violencia cometida por los grupos terroristas e incluso por agentes del Estado, durante los años de la violencia interna (1980-2000).


Es cierto que para que no se vuelvan a repetir hechos violentos como los vividos en aquellos años, es preciso recordarlos; es más, hay que evitar como sea la impunidad para sus perpetradores y reparar sobre todo a las víctimas civiles.


Sin embargo, a riesgo de parecer políticamente incorrectos nos oponemos a tal iniciativa legislativa - del mismo modo que rechazamos proyectos como la pena de muerte o castración a los violadores de menores de edad; la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, cometidos por funcionarios públicos - porque sus efectos pueden ser perjudiciales.


Sustentamos nuestra discrepancia en los argumentos fácticos y jurídicos que a continuación exponemos.


En nuestra sociedad existen, a la fecha actual, personas que justifican las arbitrariedades cometidas por dictadores y autócratas como: Simón Bolívar, Luis M. Sánchez Cerro, Manuel A. Odría, Juan Velazco Alvarado y Alberto Fujimori Fujimori.

De igual modo, hay individuos que reivindican como héroes y mártires: a los guerrilleros, Luis de la Puente Uceda y Hugo Blanco Galdós; a los líderes de las agrupaciones terroristas, Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos, respectivamente; y al líder de la agrupación etnocacerista, Antauro Humala Tasso.

Todos esos personajes tienen como denominador común la intolerancia, la prepotencia, la instrumentalidad del ser humano y una falta de respeto hacia la democracia, la libertad, la integridad, la vida y dignidad humana.

Discrepamos abiertamente con sus ideas y preferencias históricas y políticas, las cuales consideramos que son nefastas y aberrantes. Pero de ningún modo debemos imponerles un único punto de vista. Muchos menos, atribuirles la comisión de delito alguno.


Algo similar podemos decir respecto a las declaraciones del escritor peruano Iván Thays acerca de la gastronomía peruana. Quien la calificó como indigesta y poco saludable (Fuente: diario La República, jueves 02 de febrero de 2012). Tales declaraciones mortificaron a muchos peruanos porque consideraron que era una muestra de anti-patriotismo y desdén hacia uno de nuestros patrimonios culturales emblemáticos y favoritos, como lo es la cocina peruana.
Pero aún así, a nadie se le ocurriría enjuiciar a este escritor por sus opiniones.


En cuanto a los argumentos jurídicos, vemos ciertas dificultades.


Esta iniciativa legislativa se inspira en la experiencia de países europeos.


Algunas de estas legislaciones europeas no solamente castigan prejuicios antisemitas (artículo 220°), sino también a quienes nieguen el holocausto (shoah) cometido contra la población judío-europea.

Así, tenemos al artículo 130° de la ley del año 1994, cuyo texto dice: “Aquel que niega, minimiza o aprueba públicamente, o en el marco de una sesión, de un hecho cometido por el régimen nacional socialista, del tipo descrito en el artículo 220°, parágrafo 2, de una manera que es probable que disturbe el orden público hasta cinco años en prisión o una multa”.

No existe un criterio interpretativo del delito de apología del terrorismo.


En cuanto al delito genérico de apología tuvo su antecedente remoto en el Juicio de Nüremberg, en 1946. Ahí, fue sentenciado Julius Streicher, el editor del periódico anti-semita “Der Stürmer”. Si bien Streicher no fue autor de ninguno de los actos de exterminio cometidos contra la comunidad judía, durante la Segunda Guerra Mundial, él fomentó un odio racial hacia ese colectivo. Por tal motivo fue condenado a la horca.


Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra regulado en el artículo 316◦ del Código Penal de 1991: “El que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

Se trata de un delito común, el cual puede ser realizado por cualquier persona natural. La conducta típica consiste en defender públicamente la comisión (u omisión) de un delito cualquiera o en defender al agente (autor o partícipe) que ha sido condenado por dicho delito.

Es cierto que “apología” no es lo mismo que “negacionismo”.
Para nosotros se trata de un apañamiento descarado.
El apologista no niega que se haya cometido tal o cual delito; muy por el contrario, reconoce la existencia de un hecho delictivo, pero justifica a su agente. E instiga además a que otros sigan su ejemplo, si se encontraran en las mismas circunstancias que el sujeto activo.

Un ejemplo de ello se encuentra en las declaraciones que brindó a la prensa la congresista fujimorista Martha Chávez Cossío, con ocasión de los destrozos perpetrados al monumento El ojo que llora. Ésta dijo lo siguiente: “Hayan sido o no los fujimoristas, aplaudo que de una vez alguien haya tenido el valor de eliminar ese monumento basura. Han tenido la maldad de juntar los nombres de terroristas convictos con víctimas del terrorismo, esa indignidad no se puede permitir y alguien tenía que hacerlo”. (Fuente: diario PERÚ21, martes 25 de septiembre del 2007).

La modalidad de apología al terrorismo se encuentra regulada en el numeral 2 del mismo dispositivo penal: “Si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Si se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como Internet u otros análogos, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años; imponiéndose trescientos sesenta días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal”.


Lamentablemente, hasta donde sabemos no existe un acuerdo plenario, ni algún criterio hermenéutico proporcionado por la doctrina jurisprudencial peruana que explique los alcances del dispositivo penal.


Como vemos, la modalidad delictiva Apología del terrorismo ofrece múltiples dificultades en su interpretación y aplicación. Los inconvenientes en cuanto al proyecto legislativo negacionismo serán mayores.


Asimismo, se podría vulnerar o amenazar a otras facultades y garantías.


Un proyecto legislativo como tal podría colisionar con derechos humanos y fundamentales tales como, los derechos a la libertad de expresión, difusión e información. Correlativamente a ello, se podría conculcar a la libertad de prensa e incluso a la libertad de conciencia y opinión.


Igualmente, existe el peligro que la defensa de las agrupaciones subversivas utilice argumentos que afirmen que se vulnera sus derechos fundamentales.


Además, conceptos como piedad, tolerancia y discrepancia son victorias y aportes de la civilización occidental.


Perseguir a gente que discrepe y niegue la realización de horrendos crímenes de lesa humanidad nos colocaría al mismo nivel que determinados grupos no liberales.


En ciertas sociedades musulmanas se ha hecho una absurda aplicación de la sharía y una errónea exégesis del Corán y de las sunnas del profeta Muhammad.

Ello ocurrió, por ejemplo, con la fatua emitida por el ayatolah Ruholah Khomeini en contra del escritor Salman Rushdie.

Otro caso más reciente es el de Rimsha Masih, la niña paquistaní cristiana, con síndrome de down, a quien falsamente se le imputó haber quemado algunas páginas de un ejemplar del Corán.


Algo similar ha sucedido con determinados medios periodísticos judíos, quienes imputan el mote de “antisemita” a todo aquel que apoye el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Cuando se olvidan que tanto árabes como hebreos son étnicamente semitas.


Entonces este proyecto legislativo se podría convertir en una especie secular de Index, el cual castigaría a todo aquel que cometa nuevas formas de herejía, apostasía, blasfemia y demás anatemas.



Por todo ello, proponemos lo siguiente.

Primeramente, que se elimine el delito Difamación; que lo único que ha hecho es saturar la labor de los fiscales, jueces y secretarios judiciales. Asimismo, tal ilícito ha impedido que se lleve a cabo una debida lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, crímenes de lesa humanidad y la delincuencia común. Además, ha servido como un mecanismo para castigar a la prensa.

Segundo, exhortar a que el Congreso de la República convoque a una comisión de juristas expertos que expliquen el contenido del delito Apología y sus modalidades. Que lo mismo haga el Poder Judicial.

Luego, que se difundan campañas educativas masivas en los colegios y universidades. Ahí será más importante la labor de otros profesionales que la de los operadores jurídicos. Muchos sociólogos, antropólogos, historiadores, pedagogos y cineastas deberán explicar a la ciudadanía hasta el hartazgo cómo fue la violencia interna durante los años 1980 al 2000 y durante otras décadas. Por ejemplo, que el Canal del Estado difunda diariamente en un horario estelar cada suceso (algo similar hace el diario “La República”). De igual modo, algunos cineastas pueden difundir trabajos como el documental “Cantuta” o películas como “Mariposa negra”, “La boca del diablo”, “Paloma de papel”, “Tarata”, “La teta asustada” y “Las malas intenciones”; estas obras son materiales didácticos que ayudarían a crear un imaginario colectivo anti-terrorista.

Finalmente, sostenemos que muchas veces por tratar uno de ser políticamente correcto puede incurrir sin querer queriendo en nuevas formas de fundamentalismo.

Aunque resulte difícil de creer, el discurso de los Derechos Humanos también puede devenir en un fundamentalismo.

Sobre el particular, compartimos una cita del filósofo Miguel Giusti:
“Debe quedar claro, en todo caso, que fundamentalista no es sólo la posición del defensor del culturalismo, sino también aquella de quien defiende la concepción universal de los derechos humanos sin tomar en cuenta las razones de peso esgrimidas en su contra”. ("Alas y raíces").

Fotografía emblemática de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Carta al director del diario "La República": Jorge Torres Vallejo, el aprista liberal

Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario “La República”, el día 02 de setiembre de 2012: 
http://www.larepublica.pe/02-09-2012/cartas-02-09-2012


"Señor director:

El diario “La República” publicó dos valiosos artículos periodísticos referidos a los orígenes y aportes del FREDEMO: “Una gesta por la libertad” (jueves, 23 de agosto del 2012) y “Predicador en el agua” (sábado, 25 de agosto del 2012).

Como complemento a ello, quiero compartir cierta información histórico-familiar, acerca del difunto político aprista Jorge Torres Vallejo, mi tío paterno.

En 1987, durante el primer gobierno de Alan García Pérez, el oficialismo y la ortodoxia aprista (además de los partidos políticos de izquierda democrática) apoyaron la propuesta económica para estatizar la banca. Sin embargo, no todos los apristas estuvieron de acuerdo con tal medida, que además de populista fue ilegal e inconstitucional. Entre ellos estuvieron: Andrés Townsend Ezcurra, Enrique Chirinos Soto, Alfredo Barrenechea y Jorge Torres Vallejo.

En aquel entonces, Jorge Torres Vallejo era miembro de la Cámara de Senadores del Congreso de la República e integrante de la Comisión de Economía. Ahí suscribió un dictamen en el cual expresó su punto de vista señalando los inconvenientes de tal proyecto de ley.

En su libro “¿Qué diría el maestro?” (1990) refirió lo siguiente: “No podemos repetir los errores ajenos, la experiencia histórica nos ha demostrado que los modelos estatistas han fracaso, y los países totalitarios como Rusia y China han regresado al encuentro de un sistema de libre competencia y pluralismo económico, porque sólo la competencia garantiza la efectividad”.

Por exponer sus críticas fue suspendido y expulsado de su partido.

Luego, en 1990 aceptó la invitación de Mario Vargas Llosa para postular al Congreso de la República, por la agrupación política FREDEMO.

Jorge Torres Vallejo conoció a nuestro premio Nobel desde que ambos fueron cadetes en la escuela militar “Leoncio Prado”. Ahí integraron la sétima promoción junto al general (r) Jaime Salinas Sedó y mi padre el Dr. Juan Antonio Torres Vallejo.

Ha sido saludable para el país que las ideas económicas defendidas por Mario Vargas Llosa y Jorge Torres Vallejo hayan sido aprovechadas por los distintos gobiernos (sobre todo, el segundo gobierno de Alan García Pérez), lo cual ha permitido un crecimiento macroeconómico notable.


Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez.



"La partida de burros". Foto tomada por Max Silva Tuesta.
Mario Vargas Llosa (MVLL) cuando éste era cadete del Colegio Militar “Leoncio Prado” (CMLP). Quien sale en la fotografía, junto a MVLL (montado sobre el burro), a su derecha es mi padre, el Dr. Juan Antonio Torres Vallejo (sujetando el burro, sobre el cual se encuentra montando nuestro escritor).
Foto: diario "El Comercio" (08 de octubre de 2010).
 

Carta al director del diario "La República": Caso KRASNY

Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario “La República”, el día 25 de agosto de 2012:
http://www.larepublica.pe/25-08-2012/cartas-del-25-08-2012 


"Señor director:

En la investigación preliminar fiscal seguida contra el señor Alexis Humala Tasso, dueño de un 25% de las acciones de la empresa KRASNY y hermano del presidente de la República, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos Negociación incompatible con el cargo y Colusión, regulados respectivamente en los artículos 399° y 384° del Código Penal de 1991, habría que agregar otro delito adicional.

Se trataría del delito Asociación ilícita para delinquir, previsto en el artículo 317° del mismo cuerpo de leyes.
Para que se configure este ilícito se requiere de una organización integrada por 02 o más personas, que se dedique a cometer delitos.
Para el tema que nos ocupa, esta agrupación se referiría a la propia empresa KRASNY; la cual está conformada por el mismo Alexis Humala Tasso, Carlos Quiñe, María Martínez Corro y Giovanna Quiñe Rodríguez; cuya finalidad sería el suministrar diversos productos a entidades estatales, estando aparentemente impedido el señor Alexis Humala Tasso por la Ley de Contrataciones del Estado, al resultar familiar del mandatario.

Por tal motivo, haría muy bien el Ministerio Público en incluir de oficio el delito Asociación ilícita para delinquir, y no esperar a que su inclusión sea solicitada por algún otro organismo público. Tal cometido se encuentra regulado por el artículo 329° numeral 2 del Código Procesal Penal de 2004, cuyo texto dice: “La inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública”.


Sin otro particular.
Juan Carlos Torres Márquez".

Alexis Humala Tasso. Foto: diario "La República" (24 de agosto de 2012).

Carta al director del diario "La República": PERUVIAN GRAFFITI

Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario "La República", el día 17 de julio de 2012, página 6:
http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima-17-07-2012-pag6


"Señor director:

Expreso mi indignación ante las pintas con graffiti en el monumento al libertador Don José de San Martín, cometidas durante la marcha de la CGTP, el pasado 12 de julio.

Ello me hace recordar los destrozos perpetrados contra el monumento el Ojo que llora, el 23 de setiembre de 2007.

De igual modo, tuve el desagrado de presenciar una pinta con graffiti en uno de los muros exteriores del templo de Santo Tomás de Chumbivilcas, durante mi viaje al distrito de Santo Tomás de Chumbivilcas, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2011. Se trata de un edificio histórico, el cual todavía se encuentra en una situación delicada. Anteriormente, el gobierno central, el Instituto Nacional de Cultura (INC) y la Dirección Regional del Instituto Nacional de Cultura, durante las gestiones respectivas de, Alan García Pérez, la historiadora Cecilia Bakula Budge y el Dr. David Ugarte Vega Centeno, llevaron a cabo la obra de restauración “Atrio del templo de Santo Tomás”.

Bienes culturales como la estatua al libertador Don José de San Martín, el Ojo que llora y el templo de Santo Tomás de Chumbivilcas son patrimonio cultural material de todos los peruanos.

Pues bien, de nada va a servir que los gobiernos centrales, regionales y locales, con el apoyo del INC, hagan obras de restauración, si van a existir vándalos que dañen la propiedad pública y que no sientan el mínimo respeto por su propio patrimonio cultural, ni por su ciudad.

Cualquier daño contra estos bienes supone la comisión del delito conocido como “daño contra la propiedad material”, regulado en el artículo 206° numeral 1 del Código Penal de 1991.

Por todo ello, sería recomendable que los mismos ciudadanos denuncien estos hechos a sus propias autoridades o a la prensa peruana.


Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez".

Muro exterior del templo de Santo Tomás de Chumbivilcas (Cuzco).

Dice textualmente: "¡¡¡¡Estos graffitis patrimonio cultural de la humanidad!!!!".

TRUJILLO 1932

"El lenguaje político…

Está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el homicidio respetable”.

GEORG ORWELL (1903-1950).

Fusilamientos en Chan Chán (1932).

Un día como hoy (07 de julio) hace 80 años se produjo la revolución en Trujillo, la primera revolución peruana en el siglo XX.

Escribo estas líneas con la autoridad que me da ser hijo, nieto y bisnieto de una familia de trujillanos, muchos de ellos militantes y/o simpatizantes apristas.
Pese a lo dicho, esta nota no se trata de una arenga ni de una apología al partido aprista.

Estas líneas tienen como objetivos los siguientes: reconstruir aquellos hechos; desentrañar la verdad; condenar la violencia de ambas partes (especialmente de las fuerzas armadas de aquel tiempo); homenajear tanto al piloto Pinillos (quien se opuso al bombardeo), como a los mártires, los campesinos, los obreros y los oficiales, quienes ofrendaron sus vidas por sus creencias; y sobre todo, cicatrizar viejas heridas y poder así mirar hacia adelante.

Entre las fuentes que he consultado están las siguientes: bibliográficas y orales.
En cuanto a las primeras, tenemos los libros “El Año de la Barbarie”, de Guillermo Thorndike; “La gran persecución”, de Armando Villanueva del Campo y Guillermo Thorndike; “La insurrección de Trujillo”, de Margarita Giesecke; “Arte y Revolución: Trujillo 1932”, de Mariano Alcántara La Torre; “Documental del Perú”, tomo XIII.
Y en cuanto a las otras, pude conocer los testimonios de sobrevivientes y sus familiares, en ambos bandos. Por ejemplo, testigos presenciales de los hechos fueron mi bisabuela Angélica Calderón de Lavado y sus hijas Fausta Moreno Calderón (mi abuela materna), Consuelo Cáceres Calderón (mi tía abuela materna); como también, mi tío abuelo Santiago Torres Araujo. Asimismo, conocí a la señora Julia Elías, hija del oficial Elías, uno de los efectivos destacados a Trujillo.

No pretendo pormenorizar los hechos. Evidentemente hay autores que han desarrollado el tema con mayor profundidad.
Solamente me voy a centrar en algunos aspectos.

Para comenzar, el contexto del país era muy diferente al actual.
A inicios del electo régimen sanchecerrista el panorama era el siguiente: desconfianza hacia el proceso electoral, restricciones a los derechos y libertades civiles y políticos, persecuciones tanto a civiles como a políticos, el continuismo del modelo económico oligárquico, el analfabetismo, la explotación laboral, el centralismo, entre otros aspectos.

Pero los detonantes de la revolución, que caldearon los ánimos en la población liberteña fueron los sucesos siguientes: las masacres de Chocope y Paijan y la matanza a civiles en la Navidad de 1931.
En cuanto a las primeras, tropas del Ejército ingresaron a locales del partido aprista, dispararon a granel, sacaron a mujeres a culatazos y empellones, para posteriormente cometer abusos sexuales contra ellas en el campo.
Durante la chocolatada del “Niño aprista”, la noche del 25 de diciembre de 1931, la caballería del Ejército irrumpió tal evento. Murieron civiles; los cascos de uno de los caballos destrozaron el cráneo de una niñita.
El autor mediato de estos crímenes fue el teniente Alberto Villanueva (a) “Mal Paso”, quien vio su propio final durante la revolución.

La pradera estaba impregnada de material inflamable, faltaba nomas encender la chispa.

Es verdad que Víctor Raúl Haya de la Torre había planificado un levantamiento armado, con ayuda de los oficiales del cuartel O’Donovan. Para ello contaba con el apoyo de su amigo y aliado, el teniente coronel Julio Silva Caceda. Pero estos preparativos se frustraron con la detención del líder aprista en mayo de 1932.

La prensa nacional y algunos historiadores han afirmado que todos los insurrectos fueron políticos apristas o grupos paramilitares. Ello es falso, fue un levantamiento popular y regional, compuesto por estudiantes del Colegio “San Juan”, campesinos y obreros, provenientes de las haciendas azucareras de Laredo y del Valle de Chicama. Dicho movimiento fue solamente secundado por el APRA.

También se dijo que Manuel Barreto (a) “Búfalo Barreto” era aprista. Tal vez sería simpatizante, pero aquel líder sindical no era miembro oficial del partido. Mientras Haya de la Torre quiso llevar a cabo un levantamiento popular, con apoyo del Ejército y de las familias hacendadas; Barreto quería llevar a cabo su propia revolución. Éste personaje fue quien precipitó los acontecimientos.

Otras de las mentiras propaladas por la prensa de aquel tiempo (hasta nuestros días) es en cuanto al número de oficiales muertos. Por supuesto que el asesinato de aquellos oficiales, encerrados y rendidos, fue un crimen cobarde y reprobable.
Durante el primer semestre del 2006, en el programa televisivo “Prensa Libre”, la periodista Rosa María Palacios, en una entrevista concedida al militante aprista Pepe Lucho Delgado, dijo que fueron miles los oficiales muertos y masacrados. Estos fueron en total 51.
Asimismo, se dijo que hubo crueldad contra ellos. Pero según el informe oficial del reconocimiento médico-legal de los cadáveres mandado hacer por el juez instructor militar, se concluyó que no hubo salvajismo y que todos murieron por heridas de bala. Quienes firmaron el informe médico fueron el mayor de sanidad Luis Valentín y los médicos Carlos Morón y Luis Tapia, con fecha 12 de julio de 2012.
Los autores, como suele suceder en toda revuelta y momentos de confusión, fueron grupos infiltrados, ajenos a la revolución.

Luego, nada se dijo acerca de la respuesta del gobierno sanchecerrista a la insurrección popular. Éste envió aviones, los cuales bombardearon las ciudades de Salaverry y Trujillo. En aquel tiempo, el bombardeo a civiles era una medida proscrita por la Liga de las Naciones. Semejante medida fue implementada en otros conflictos bélicos: Etiopía, por el ejército del “Duce” contra indefensos abisinios (1935); en Shangai (China), por el ejército imperial japonés contra civiles chinos (1937) y en Guernica (España), mediante los ensayos aéreos de la “Legión Cóndor” (1937).
Pese a todo, aún en aquellas circunstancias, hubo actos de honor y heroísmo. Uno de los pilotos, Carlos Martínez de Pinillos, se negó a acatar las órdenes de sus superiores, consistentes en bombardear Trujillo.

Tampoco se dijo algo; sobre la rapiña en las haciendas aledañas; ni las posteriores masacres efectuadas por las fuerzas del orden contra civiles y campesinos, ni de las desapariciones en la zona. Entre éstas, la “masacre de Chan Chán”.
El oficialismo de aquel entonces reconoció únicamente a 44 fusilados; mientras las fuentes apristas sostienen que el número de víctimas fluctuaron entre 4,000 a 6,000.

Finalmente, quiero reiterar mi repudio a toda amenaza y violencia, ya sea estatal, política, gremial, sindical, delincuencial y terrorista.
Ayer, las víctimas fueron los trujillanos, apristas y anti-apristas por igual; en los 80’s, fueron los ayacuchanos; en los 90’s, gente humilde del solar Barrios Altos, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta”, miraflorinos de Tarata, además de todos los que querían democracia y transparencia de nuestras instituciones. Hoy en el 2012, son algunos habitantes de Cajamarca, Chumbivilcas y Espinar.
Los mártires de nuestro Perú contemporáneo - Trujillo, Chaupimayo, Putis, Lucanamarca, Los Cabitos, Uchuracay, Acomarca, Cayara, Barrios Altos, La Cantuta, las 300,000 mujeres esterilizadas, el Arequipazo, Ilave, la asonada Andahuaylina, Madre Mía, Bagua, el VRAE, Chumbivilcas, Espinar y Cajamarca, todos ellos no son muertos de allá -, son nuestros compatriotas, nuestros muertos.
No más muertes inocentes. Aprendamos del pasado. Mediante el diálogo y en democracia, todos podemos ser protagonistas e incluso ganadores.

Carta al director del diario La República: Botín a bordo



Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario "La República", el día 03 de julio de 2012, página 6:
http://www.larepublica.pe/03-07-2012/cartas-del-03-07-2012


"Señor director:

Los amotinamientos policiales en Ecuador (setiembre a octubre de 2010) y en Bolivia (junio de 2012) que sirvan como una experiencia ajena para nuestra Policía Nacional Peruana, para el Ministerio del Interior y para el propio gobierno central. Tales sucesos nos dejan como lección principal que la democracia una vez más se encuentra sometida a prueba.

Nociones políticas como la democracia, el orden público y, particularmente, la sumisión de las fuerzas del orden a la figura del Presidente no han calado en países de nuestro hemisferio. Si bien toda democracia modelo debe reunir éstas y otras cualidades, en muchos países latinoamericanos tales ideas no han echado raíces en ciertos sectores socioeconómicos, regionales, distritales, locales y en estamentos como las fuerzas policiales y armadas de nuestra región.

Nada justifica los motines, cuartelazos y alzamientos de las propias fuerzas del orden; sin embargo, hay factores que explican tales reacciones de las fuerzas policiales.

En lo que a nuestra institución policial atañe, además de una urgente restructuración, existen problemas latentes tales como: paga impuntual de los sueldos, falta de recursos logísticos, uso de equipos y armas defectuosos, omisión del Ministerio del Interior para garantizar el derecho a la defensa de sus integrantes en procesos penales, abusos cometidos por oficiales superiores, disposición o malversación de los fondos policiales ajenos por los propios oficiales superiores.

Ejemplos de corrupción contra la policía los tenemos en los casos “Caja de Pensiones Militar y Policial” y “Fondo de Vivienda Policial” (FOVIPOL), ocurridos durante el Fujimorato; otros ejemplos los tenemos también en los casos recientes como, los “Chalecos antibalas” y las “Raciones podridas” (ver diario “La República”, columna de Fernando Rospigliosi: “VRAE ¿Alguien dijo corrupción?”, de fecha 27 de mayo de 2012).

Los casos sobre corrupción policial mencionados demuestran que los policías peruanos, además de enfrentarse a enemigos como la delincuencia común, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, tienen que sobrevivir a su propia institución. En otras palabras, tienen el enemigo en casa.

Me sorprende el manejo deficiente de la problemática policial por parte de nuestro mandatario Ollanta Humala Tasso, sobre todo, porque cuando él fue líder opositor, con ocasión del levantamiento policial en Ecuador, declaró a la prensa lo siguiente: “En estos últimos días se están tocando los derechos policiales (cédula viva) en el Perú. Hay que tener cuidado en la casa. (…)” (ver diario “La República”, “Ollanta Humala: “Crisis en Ecuador podría darse en Perú por Cédula Viva””, de fecha 30 de setiembre de 2010).
Por tanto, que nuestro Presidente sea consecuente con lo que predica y que se deje de promesas retóricas.


Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez". 

Huelga policial en Bolivia. Foto: diario "La República" (23 de junio de 2012).

Carta al director del diario La República: MOVADEF

"MOVADEF". Caricatura perteneciente a Mario Molina.
En: diario "El Comercio" (12 de enero de 2012).
Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario "La República", el día 15 de enero de 2012, página 11:
http://www.larepublica.pe/15-01-2012/cartas-del-15-01-2012

"Señor director:

Considero que el pedido de inscripción solicitado por la agrupación “Movimiento por amnistía y derechos fundamentales” (MOVADEF) es ilegal e inconstitucional.

Dicha agrupación ampara su pedido únicamente invocando el artículo 35° de nuestra Constitución Política de 1993. Pero para ello, no basta con tan solo reunir firmas ni adherentes. Tal precepto debe ser interpretado sistemáticamente con la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos.

Así, el artículo 2° señala cuáles deben ser los fines que habrán de cumplir las agrupaciones políticas que deseen ser inscritas. Entre estos objetivos destacamos: asegurar la vigencia y defensa del Estado democrático, contribuir a mantener la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, apoyar a la gobernabilidad del país, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, el MOVADEF enarbola como propuesta principal la amnistía para su líder ABIMAEL GUZMÁN REYNOSO, el líder de la agrupación “Sendero Luminoso” (SL), movimiento subversivo y predecesor del MOVADEF.

Pero el MOVADEF olvida que su líder fue el autor mediato de la mayor cantidad de muertes humanas, ocurrida durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país, durante los años 1980 al 2000, lo cual sembró la zozobra en la población civil. Por citar un ejemplo, entre sus crímenes destaca la matanza de Lucanamarca (Ayacucho), suceso que acarreó la muerte de 69 comuneros.

A lo anterior agregamos que aún existen remanentes senderistas que se mantienen en pie de lucha en contra del Estado peruano.

De otro lado, el MOVADEF afirma que: “(…) el gobierno actual prosigue aplicando neoliberalismo, restringiendo el mercado interno sirviendo así a los intereses de la gran burguesía compradora, el capitalismo burocrático y el imperialismo principalmente norteamericano”.

Entonces, ¿con qué autoridad moral los militantes del MOVADEF solicitan participar en el juego democrático? si ellos siguen creyendo, al igual que SL, en el carácter burgués de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

Ellos piden que debe quedar atrás el encono, la venganza; pero ¿cómo confiar en ellos si su líder y la organización predecesora SL impidieron a ciudadanos comunes vivir en democracia, gozar de paz, y disfrutar de las libertades políticas y los derechos civiles?

¿De qué manera piensan defender la gobernabilidad del país? ¿Con huelgas insurreccionales, paros nacionales, daños a la propiedad pública y privada, y bloqueos a las pistas y carreteras?

Finalmente, la agrupación MOVADEF tiene el deber de declarar cuáles son las fuentes de su financiamiento.

Esperemos, por el bien de nuestra sociedad civil, que el Jurado Nacional de Elecciones rechace la solicitud de inscripción del MOVADEF.

Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez". 

Carta al director del diario "La República": OSCAR VALDÉZ DANCUART

Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario "La República", el día 15 de diciembre de 2011, página 8:
http://www.larepublica.pe/15-12-2011/cartas-del-15-12-2011



"Señor director:

Me opongo rotundamente al nombramiento a OSCAR VALDÉZ DANCUART como titular del premierato actual.

Primeramente, hasta ahora no ha funcionado el “Plan de carrera policial”, elaborado por aquel, cuando fue ministro del Interior, el cual ha tenido por finalidad reestructurar a la Policía Nacional Peruana (PNP).
Dicho proyecto busca impedir el ingreso a oficiales que sean cuestionados en la institución. Sin embargo, ¿por qué fueron ascendidos los generales PNP, RAÚL SALAZAR y ABELARDO GAMARRA, quienes se encuentran involucrados en el Caso “Andahuasi”?

Luego, ¿qué hizo este señor en cuanto a la denuncia por presunto acoso sexual, presentada por la oficial PNP Graciela Valdivia Montoya?

De otro lado, dejó mucho que desear sus comentarios acerca de la salida del ex asesor presidencial Carlos Tapia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Así, dijo lo siguiente: “(…) Las personas debemos opinar cuando se está sobre el caballo, no cuando nos hemos bajado (…)”.  
Si se ha de destituir o pedir la renuncia de algún asesor o ministro, que sea por causas legales y técnicas; mas no, por motivos políticos, partidarios ni ideológicos.

Asimismo, la defensa que hizo VALDÉZ DANCUART al consejero presidencial en temas de Seguridad y Defensa, el coronel EP ® ADRIAN VILLAFUERTE, fue muy aduladora. Sobre este último, dijo lo siguiente: “(…) es un buen oficial que conoce el tema de defensa y orden interno y hace bien asesorando al presidente (…)”.
Recordemos que VILLAFUERTE (a) “El ácido” fue secretario personal del general EP CÉSAR SAUCEDO SÁNCHEZ, personaje del entorno montesinista, durante el período 1997 a 2000, fecha en que SAUCEDO SÁNCHEZ se desempeñó como ministro de las carteras del Interior y Defensa.
Actualmente, SAUCEDO SÁNCHEZ se encuentra sentenciado a 04 años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de una reparación civil solidaria de S/. 50 millones, por los delitos de ocultamiento de documentos y colusión desleal en torno a la emisión de 20 decretos de urgencia.

Por otro lado, en el conflicto minero-medioambiental en Cajamarca, no va a solucionar el asunto el haber declarado en estado de emergencia dicha región. Peor aún, nombrando como “pacificador” a un ex militar que cree a rajatabla en el principio de autoridad.

Por tanto, si el señor VALDÉZ DANCUART no ha destacado en el ministerio del Interior, dudo mucho que pueda asumir un cargo de tal importancia como el de primer ministro.


¡Cordialmente!
Juan Carlos Torres Márquez".

Oscar Valdés Dancuart.
Foto: diario "La República"  (11 de diciembre de 2011).

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