Quienes deseen leer la carta (versión editada), ésta ha sido publicada en el diario “La República”, el día 10 de noviembre de 2012:
http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima-10-11-2012-pag6
"Señor director:
Es de lamentar los sucesos ocurridos en el mercado de La Parada (distrito La Victoria), durante los días 25 al 28 de octubre de 2012.
Sin duda existió una responsabilidad funcional en ciertas autoridades: el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; el director de la Policía Nacional del Perú, general Raúl Salazar; el director ejecutivo de Operaciones Especiales, general Abel Gamarra y; el jefe de la Sétima Región Policial, general Aldo
Miranda.
En cuanto a Miranda, su relevo ha sido atinado.
Respecto a los otros generales PNP, ellos fueron a una cena en el restaurante Brujas de Cachiche, en la cual se conversó sobre el desalojo en la Azucarera Andahuasi, a favor del grupo empresarial Wong; por tal motivo, debieron ser investigados penalmente o, en todo caso, removidos del cargo.
No obstante lo anteriormente dicho, no debemos perder de vista quiénes fueron los responsables penales por aquellos disturbios.
Para el caso que nos ocupa, nos referimos a todos aquellos vándalos que cometieron los siguientes hechos: agresión a la policía nacional y a la policía montada (incluyendo a la yegua Lamar), daños a la propiedad pública y/o privada, y saqueos a las tiendas.
De igual modo, son culpables quienes les pagaron a esta horda y, en general, todos los cómplices e instigadores que prestaron su ayuda a aquellos sujetos.
Por su lado, los comerciantes de La Parada tienen el deber de deslindar con esos maleantes y apoyar a la policía.
A aquellos comerciantes se les reconoce los derechos a la propiedad privada, la iniciativa privada y el emprendimiento. Pero ello no les da ningún derecho a transgredir normas legales, evadir impuestos, sobornar a las autoridades públicas para obtener sus licencias y permisos, ni ofrecer mercadería adulterada
o servicios deficientes al consumidor. Peor aún, contratar a delincuentes comunes para que actúen como sus matones.
De otro lado, no veo ningún tipo de responsabilidad en la alcaldesa de Lima Metropolitana, doña Susana Villarán.
Yo no soy ni militante ni simpatizante del partido Fuerza Social; más sí voté por ella. Y lo hice porque sabía que ella estaba dispuesta a auditar la gestión de su predecesor (Luis Castañeda Lossio) y enfrentar problemas estructurales que aquejan a nuestra ciudad. Entre estos problemas tenemos el transporte público y el comercio de La Parada.
Es injusto exigirle a la señora Villarán que solucione males endémicos que se encuentran arraigados por décadas en nuestra sociedad, los cuales muy pocos alcaldes intentaron arreglar. Por el contrario, muchos burgomaestres trataron de ganarse la simpatía de los comerciantes informales, permitiéndoles hacer lo que
les diera la gana.
Por ello, me opongo a la revocatoria promovida en contra de la gestión de la alcaldesa Villarán.
Finalmente, un dato importante para recordar ocurrió durante el segundo gobierno aprista. Fue en el operativo policial en el mercado de Santa Anita, en mayo del 2007.
Como muy bien lo señaló el periodista Augusto Álvarez Rodrich cuando era director del diario PERÚ 21, el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio “trató de pasar piola con el fin de eludir el costo político”; mientras que el ministerio del Interior de ese entonces efectuó el desalojo sin muertos que lamentar.
Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez".
http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima-10-11-2012-pag6
"Señor director:
Es de lamentar los sucesos ocurridos en el mercado de La Parada (distrito La Victoria), durante los días 25 al 28 de octubre de 2012.
Sin duda existió una responsabilidad funcional en ciertas autoridades: el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; el director de la Policía Nacional del Perú, general Raúl Salazar; el director ejecutivo de Operaciones Especiales, general Abel Gamarra y; el jefe de la Sétima Región Policial, general Aldo
Miranda.
En cuanto a Miranda, su relevo ha sido atinado.
Respecto a los otros generales PNP, ellos fueron a una cena en el restaurante Brujas de Cachiche, en la cual se conversó sobre el desalojo en la Azucarera Andahuasi, a favor del grupo empresarial Wong; por tal motivo, debieron ser investigados penalmente o, en todo caso, removidos del cargo.
No obstante lo anteriormente dicho, no debemos perder de vista quiénes fueron los responsables penales por aquellos disturbios.
Para el caso que nos ocupa, nos referimos a todos aquellos vándalos que cometieron los siguientes hechos: agresión a la policía nacional y a la policía montada (incluyendo a la yegua Lamar), daños a la propiedad pública y/o privada, y saqueos a las tiendas.
De igual modo, son culpables quienes les pagaron a esta horda y, en general, todos los cómplices e instigadores que prestaron su ayuda a aquellos sujetos.
Por su lado, los comerciantes de La Parada tienen el deber de deslindar con esos maleantes y apoyar a la policía.
A aquellos comerciantes se les reconoce los derechos a la propiedad privada, la iniciativa privada y el emprendimiento. Pero ello no les da ningún derecho a transgredir normas legales, evadir impuestos, sobornar a las autoridades públicas para obtener sus licencias y permisos, ni ofrecer mercadería adulterada
o servicios deficientes al consumidor. Peor aún, contratar a delincuentes comunes para que actúen como sus matones.
De otro lado, no veo ningún tipo de responsabilidad en la alcaldesa de Lima Metropolitana, doña Susana Villarán.
Yo no soy ni militante ni simpatizante del partido Fuerza Social; más sí voté por ella. Y lo hice porque sabía que ella estaba dispuesta a auditar la gestión de su predecesor (Luis Castañeda Lossio) y enfrentar problemas estructurales que aquejan a nuestra ciudad. Entre estos problemas tenemos el transporte público y el comercio de La Parada.
Es injusto exigirle a la señora Villarán que solucione males endémicos que se encuentran arraigados por décadas en nuestra sociedad, los cuales muy pocos alcaldes intentaron arreglar. Por el contrario, muchos burgomaestres trataron de ganarse la simpatía de los comerciantes informales, permitiéndoles hacer lo que
les diera la gana.
Por ello, me opongo a la revocatoria promovida en contra de la gestión de la alcaldesa Villarán.
Finalmente, un dato importante para recordar ocurrió durante el segundo gobierno aprista. Fue en el operativo policial en el mercado de Santa Anita, en mayo del 2007.
Como muy bien lo señaló el periodista Augusto Álvarez Rodrich cuando era director del diario PERÚ 21, el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio “trató de pasar piola con el fin de eludir el costo político”; mientras que el ministerio del Interior de ese entonces efectuó el desalojo sin muertos que lamentar.
Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez".
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| Policía montada repeliendo el ataque de los vándalos. Diario "La República" (26 de octubre de 2012). |
