Carta dirigida al director del diario "La República", a raíz de los siguientes acontecimientos: la renuncia del procurador ad hoc Carlos Briceño, el nombramiento de su reemplazo (18/12/2008) y la presentación del Plan Anticorrupción propuesto por el gabinete (23/12/2008).
(Publicada el 27 de diciembre de 2008, página 13).
"Señor Director:
Para enfrentar los flagelos contra la estabilidad jurídica, tales como, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y las bandas delincuenciales, se requiere la presencia no solamente de jueces y fiscales idóneos, honestos e independientes; sino también hace falta la presencia de otro sujeto procesal penal: el procurador público.
Se trata de un profesional cuyas funciones son la representación y defensa del Estado en los procesos penales, así como también la solicitud de una reparación civil para aquel.
Su nombramiento debería obedecer a criterios técnicos, no políticos.
No basta que dicho abogado sea colegiado, ni que lleve años trabajando en una oficina estatal; tampoco es suficiente que conozca de memoria los hechos de un caso jurídico.
Por ello, su perfil deberá añadir el siguiente valor agregado:
a) Ser tratadista en Derecho Penal y Procesal Penal. De lo que se trata es que este funcionario haya publicado artículos, ensayos, libros de dogmática jurídica penal; o en todo caso, que haya ejercido la docencia universitaria en temas vinculados a ambas materias. Igualmente sería recomendable que tenga estudios de maestría o postgrado en el extranjero, sobre todo, en países que sigan el mismo modelo jurídico penal helvético, o en territorios donde exista una tradición de respeto hacia los derechos humanos.
b) Haber ejercido su profesión durante el lapso al que alude el inciso b) del artículo 30º, de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa Judicial, Decreto Ley Nº 17537, ya sea en el ámbito privado (estudio jurídico, ONG's) o en el ámbito público (magistrado de la Corte Suprema, de la Corte Superior, del Ministerio Público).
Afortunadamente, en nuestro medio existen profesionales que reúnen tales cualidades.
Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez".
(Publicada el 27 de diciembre de 2008, página 13).
"Señor Director:
Para enfrentar los flagelos contra la estabilidad jurídica, tales como, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y las bandas delincuenciales, se requiere la presencia no solamente de jueces y fiscales idóneos, honestos e independientes; sino también hace falta la presencia de otro sujeto procesal penal: el procurador público.
Se trata de un profesional cuyas funciones son la representación y defensa del Estado en los procesos penales, así como también la solicitud de una reparación civil para aquel.
Su nombramiento debería obedecer a criterios técnicos, no políticos.
No basta que dicho abogado sea colegiado, ni que lleve años trabajando en una oficina estatal; tampoco es suficiente que conozca de memoria los hechos de un caso jurídico.
Por ello, su perfil deberá añadir el siguiente valor agregado:
a) Ser tratadista en Derecho Penal y Procesal Penal. De lo que se trata es que este funcionario haya publicado artículos, ensayos, libros de dogmática jurídica penal; o en todo caso, que haya ejercido la docencia universitaria en temas vinculados a ambas materias. Igualmente sería recomendable que tenga estudios de maestría o postgrado en el extranjero, sobre todo, en países que sigan el mismo modelo jurídico penal helvético, o en territorios donde exista una tradición de respeto hacia los derechos humanos.
b) Haber ejercido su profesión durante el lapso al que alude el inciso b) del artículo 30º, de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa Judicial, Decreto Ley Nº 17537, ya sea en el ámbito privado (estudio jurídico, ONG's) o en el ámbito público (magistrado de la Corte Suprema, de la Corte Superior, del Ministerio Público).
Afortunadamente, en nuestro medio existen profesionales que reúnen tales cualidades.
Cordialmente.
Juan Carlos Torres Márquez".
