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Portada en blanco del
Diario Clarín (Argentina). Foto: El Mundo (28.03.2011). |
Como parte de una sana y humilde crítica ciudadana al plan de gobierno de la agrupación GANA PERÚ, titulado “La gran transformación”, queremos formular nuestras observaciones, a partir de la propia fuente (el programa político), como también a través de una exégesis elaborada por comunicadores sociales y otras fuentes periodísticas.
Finalmente, compartiremos con ustedes nuestra modesta opinión, desde una perspectiva jurídico-penal.
A continuación reproducimos textualmente el programa referido a los medios de comunicación:
"2.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA UNA DEMOCRACIA CIUDADANA
a) Breve diagnóstico.
En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar.
Este experimento fracasó y la primera medida del gobierno democrático de Belaunde en 1980 fue devolver los medios confiscados a sus antiguos propietarios. En este contexto, nuevos actores políticos hicieron su aparición al mando de los medios de comunicación. La libertad, pluralismo y competitividad de los medios entrarían en serio entredicho en los años noventa con el régimen autoritario de Fujimori encabezado por Vladimiro Montesinos, quien llegó a comprar la línea editorial de muchos de los principales medios escritos y audiovisuales.
La transición democrática de 2001 no fue aprovechada por los gobiernos de Paniagua y Toledo para revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de la radio y televisión peruana que convirtieron un servicio público en un servicio particular. Hubo en ese momento amplio apoyo de la población para retirar las licencias a aquellos operadores que desvirtuaron este servicio. En julio de 2004 se aprobó la Ley de Radio y Televisión (LRTV) sin que se establecieran mecanismos ni entidades que pudiesen hacer frente a las tendencias hacia la concentración y escaso pluralismo. Dicha ley creó el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), un órgano autónomo de carácter consultivo que produce información interesante, pero que no tiene poder alguno para regular el desarrollo de los medios.
En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios), lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población.
b) Propuestas de política.
Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación.
■Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino.
■Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
■Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales.
■Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia".
Todo Estado Constitucional de Derecho requiere de los elementos constitutivos siguientes: libres elecciones políticas, partidos políticos representativos, separación de poderes, imperio de la ley, derechos civiles y libertades políticas.
Pero éste se perfecciona con la libertad de expresión y de opinión, particularmente con la libertad de prensa.
La prensa peruana (junto a la Iglesia peruana) es una de las pocas instituciones que – a pesar de algunos cuestionamientos – goza de credibilidad entre la ciudadanía.
Pero éste se perfecciona con la libertad de expresión y de opinión, particularmente con la libertad de prensa.
La prensa peruana (junto a la Iglesia peruana) es una de las pocas instituciones que – a pesar de algunos cuestionamientos – goza de credibilidad entre la ciudadanía.
Es quien sin proponérselo, cumple el papel que la Constitución y las leyes le asignan al Ministerio Publico y a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, puesto que investiga y denuncia hechos en los cuales existe, ya sea la presunción de actos de corrupción, o en todo caso, una mala gestión en entidades de la administración pública.
Por ello, su rol debe ser el tábano para nuestras autoridades.
En cuanto al referente de este programa, deja mucho que pensar la admiración profesada por Humala hacia el modelo argentino.
EL CLARÍN de Argentina, medio que ha sido opositor al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mostró el 28 de marzo de 2011 una portada en blanco, como muestra de protesta por el bloqueo a su planta de impresión.
Este asedio se produjo mediante la Ley de Comunicación Audiovisual argentina.
(Fuente: Diario EL COMERCIO, lunes 28 de marzo de 2011).
Luego, plantear mediante una ley de comunicaciones audiovisuales, la creación de un “consejo público”, que se encargue de evaluar y distribuir las concesiones del espectro radioeléctrico, supone mayor burocratización y costos al aparato estatal. ¿Cuál sería la ubicación de esta entidad en el organigrama estatal? ¿Cuáles serían sus atribuciones distintivas?
Sobre el tema, recogemos las opiniones de la periodista Patricia Del Río, quien consideró que lo mejor que puede hacer el Estado es no meterse en el manejo de los medios, porque para eso están los órganos competentes que fiscalizan la labor de la prensa, tales como, el Poder Judicial, el Consejo de Ética, y el Consejo de la Prensa Peruana
(Fuente: Diario PERÚ 21, miércoles 06 de abril de 2011, página 3).
De otro lado ¿De dónde saldría la partida presupuestaria para su financiamiento?
Coincidimos en parte, con el diagnóstico histórico, formulado por GANA PERÚ.
Efectivamente, existen múltiples formas de amordazar a la prensa.
Las más conocidas e infames fueron la apropiación de las rotativas, la clausura de los locales, el encierro en la cárcel y la expulsión del país a los periodistas. Tales prácticas fueron llevadas a cabo por gobiernos dictatoriales, como el de Sánchez Cerro, Odría y Velazco Alvarado.
Luego, otra modalidad consiste en la compra de las líneas editoriales. Tal como hizo Vladimiro Montesinos, el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuando pagó a diversos medios de televisión y diarios chicha, fondos provenientes del erario nacional, a cambio de obtener una línea política favorable al régimen de Alberto Fujimori.
Otras formas más sutiles de acoso a la prensa son aquellas que menciona Álvaro Vargas Llosa (“Tiempos de resistencia”), que consisten en acudir al Poder Judicial y al Ministerio Publico, para que estos organismos tendenciosamente investiguen, denuncien, procesen y condenen a columnistas e intelectuales que son opositores al régimen de turno. Estos métodos fueron frecuentes en estos últimos diez años por gobiernos democráticos. Por ejemplo, la denuncia fiscal contra el periodista Beto Ortiz (presuntamente orquestada por el gobierno de Alejandro Toledo) a raíz del destape del Caso “Almeyda Pachas”; o el corte del fluido eléctrico al programa radial LA VOZ DE BAGUA, según APRODEH, por parte de policías y funcionarios públicos gubernamentales (junio 2009).
También tenemos aquellas ofertas laborales en el Canal del Estado, no solamente para captar clientelismo electoral e intercambiar favores políticos, sino también para incrustar a comunicadores que sean los voceros oficiales (no necesariamente partidarizados) del gobierno de turno.
Humala por su lado, plantea un reparto equitativo de los medios, para asegurar que estos se encuentren al servicio de la democracia: la descentralización.
En una reciente entrevista ofrecida al programa televisivo PANORAMA, dijo lo siguiente: “Lo que vamos a hacer es descentralizar las regiones, que hayan organismos plurales que puedan ver el otorgamiento de licencias a canales y radios regionales”.
(Fuente: PANORAMA, domingo 17 de abril de 2011).
Ello lo reafirma en la entrevista concedida a Diana Seminario Marón (“Atrapado en sus contradicciones”), afirma lo siguiente: “(…) Hoy está todo centralizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros creemos en la democratización a través de la descentralización a través de organismos plurales donde esté representada la sociedad civil”.
A la pregunta referida a quien sería quien defina eso, responde: “Hay que mejorar las leyes existentes, pero de ninguna manera serán decisiones arbitrarias que hacen que hayan miles de radios informales que cuando se oponen al gobierno, las clausuran. He suscrito el compromiso de Lima del Consejo de la Prensa. No vamos a entrar a ningún tipo de arbitrariedad ni de digitación desde Palacio de Gobierno”.
Y en cuanto a la transferencia de las licencias a los gobiernos regionales, respondió: “Queremos hacer una propuesta al Legislativo para que se establezcan mecanismos plurales para el otorgamiento”.
(Fuente: Diario EL COMERCIO, lunes 18 de abril de 2011, página A2).
A partir de lo anteriormente dicho nos atrevemos a especular que la idea de “descentralización” no necesariamente apunta a una restricción o apropiación de ciertos medios de comunicación hostiles a su partido, sino a facilitar y fomentar la entrega de las licencias a todos aquellos medios y miembros de la sociedad civil que sean propicios a los planteamientos de GANA PERÚ. Y de preferencia, en aquellas regiones donde dicha agrupación política tenga mayor popularidad.
Finalmente, si éste fuera el escenario nos aventuramos a sostener que el simple hecho de disponer de un bien mueble público, como lo es el espectro electromagnético, para favorecer a terceros (entidades públicas gubernamentales y radioemisoras privadas, de orientación filo humalistas), implica o bien la comisión del delito de peculado, o en todo caso, una irregular administración de estas licencias.
El propio Humala, en una entrevista a RPP, reconoce que es el Estado, mas no el gobierno central, el dueño de este servicio: “El Estado es dueño del espacio electromagnético y hoy se dan casos en que hay mucha corrupción en la entrega de licencias de funcionamiento”.
(Fuente: RADIOPROGRAMAS DEL PERÚ, 05 de abril de 2011).
No nos parece malo hacerse autobombo sobre logros y sueños inexistentes, pero sí resulta censurable pretender usar los recursos del Estado para ello.
Por ello, su rol debe ser el tábano para nuestras autoridades.
En cuanto al referente de este programa, deja mucho que pensar la admiración profesada por Humala hacia el modelo argentino.
EL CLARÍN de Argentina, medio que ha sido opositor al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mostró el 28 de marzo de 2011 una portada en blanco, como muestra de protesta por el bloqueo a su planta de impresión.
Este asedio se produjo mediante la Ley de Comunicación Audiovisual argentina.
(Fuente: Diario EL COMERCIO, lunes 28 de marzo de 2011).
Luego, plantear mediante una ley de comunicaciones audiovisuales, la creación de un “consejo público”, que se encargue de evaluar y distribuir las concesiones del espectro radioeléctrico, supone mayor burocratización y costos al aparato estatal. ¿Cuál sería la ubicación de esta entidad en el organigrama estatal? ¿Cuáles serían sus atribuciones distintivas?
Sobre el tema, recogemos las opiniones de la periodista Patricia Del Río, quien consideró que lo mejor que puede hacer el Estado es no meterse en el manejo de los medios, porque para eso están los órganos competentes que fiscalizan la labor de la prensa, tales como, el Poder Judicial, el Consejo de Ética, y el Consejo de la Prensa Peruana
(Fuente: Diario PERÚ 21, miércoles 06 de abril de 2011, página 3).
De otro lado ¿De dónde saldría la partida presupuestaria para su financiamiento?
Coincidimos en parte, con el diagnóstico histórico, formulado por GANA PERÚ.
Efectivamente, existen múltiples formas de amordazar a la prensa.
Las más conocidas e infames fueron la apropiación de las rotativas, la clausura de los locales, el encierro en la cárcel y la expulsión del país a los periodistas. Tales prácticas fueron llevadas a cabo por gobiernos dictatoriales, como el de Sánchez Cerro, Odría y Velazco Alvarado.
Luego, otra modalidad consiste en la compra de las líneas editoriales. Tal como hizo Vladimiro Montesinos, el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuando pagó a diversos medios de televisión y diarios chicha, fondos provenientes del erario nacional, a cambio de obtener una línea política favorable al régimen de Alberto Fujimori.
Otras formas más sutiles de acoso a la prensa son aquellas que menciona Álvaro Vargas Llosa (“Tiempos de resistencia”), que consisten en acudir al Poder Judicial y al Ministerio Publico, para que estos organismos tendenciosamente investiguen, denuncien, procesen y condenen a columnistas e intelectuales que son opositores al régimen de turno. Estos métodos fueron frecuentes en estos últimos diez años por gobiernos democráticos. Por ejemplo, la denuncia fiscal contra el periodista Beto Ortiz (presuntamente orquestada por el gobierno de Alejandro Toledo) a raíz del destape del Caso “Almeyda Pachas”; o el corte del fluido eléctrico al programa radial LA VOZ DE BAGUA, según APRODEH, por parte de policías y funcionarios públicos gubernamentales (junio 2009).
También tenemos aquellas ofertas laborales en el Canal del Estado, no solamente para captar clientelismo electoral e intercambiar favores políticos, sino también para incrustar a comunicadores que sean los voceros oficiales (no necesariamente partidarizados) del gobierno de turno.
Humala por su lado, plantea un reparto equitativo de los medios, para asegurar que estos se encuentren al servicio de la democracia: la descentralización.
En una reciente entrevista ofrecida al programa televisivo PANORAMA, dijo lo siguiente: “Lo que vamos a hacer es descentralizar las regiones, que hayan organismos plurales que puedan ver el otorgamiento de licencias a canales y radios regionales”.
(Fuente: PANORAMA, domingo 17 de abril de 2011).
Ello lo reafirma en la entrevista concedida a Diana Seminario Marón (“Atrapado en sus contradicciones”), afirma lo siguiente: “(…) Hoy está todo centralizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros creemos en la democratización a través de la descentralización a través de organismos plurales donde esté representada la sociedad civil”.
A la pregunta referida a quien sería quien defina eso, responde: “Hay que mejorar las leyes existentes, pero de ninguna manera serán decisiones arbitrarias que hacen que hayan miles de radios informales que cuando se oponen al gobierno, las clausuran. He suscrito el compromiso de Lima del Consejo de la Prensa. No vamos a entrar a ningún tipo de arbitrariedad ni de digitación desde Palacio de Gobierno”.
Y en cuanto a la transferencia de las licencias a los gobiernos regionales, respondió: “Queremos hacer una propuesta al Legislativo para que se establezcan mecanismos plurales para el otorgamiento”.
(Fuente: Diario EL COMERCIO, lunes 18 de abril de 2011, página A2).
A partir de lo anteriormente dicho nos atrevemos a especular que la idea de “descentralización” no necesariamente apunta a una restricción o apropiación de ciertos medios de comunicación hostiles a su partido, sino a facilitar y fomentar la entrega de las licencias a todos aquellos medios y miembros de la sociedad civil que sean propicios a los planteamientos de GANA PERÚ. Y de preferencia, en aquellas regiones donde dicha agrupación política tenga mayor popularidad.
Finalmente, si éste fuera el escenario nos aventuramos a sostener que el simple hecho de disponer de un bien mueble público, como lo es el espectro electromagnético, para favorecer a terceros (entidades públicas gubernamentales y radioemisoras privadas, de orientación filo humalistas), implica o bien la comisión del delito de peculado, o en todo caso, una irregular administración de estas licencias.
El propio Humala, en una entrevista a RPP, reconoce que es el Estado, mas no el gobierno central, el dueño de este servicio: “El Estado es dueño del espacio electromagnético y hoy se dan casos en que hay mucha corrupción en la entrega de licencias de funcionamiento”.
(Fuente: RADIOPROGRAMAS DEL PERÚ, 05 de abril de 2011).
No nos parece malo hacerse autobombo sobre logros y sueños inexistentes, pero sí resulta censurable pretender usar los recursos del Estado para ello.
(Escrito el 19 de abril de 2011).
