La propuesta de Humala para democratizar los medios de comunicación

Portada en blanco del Diario Clarín (Argentina).
Foto: El Mundo (28.03.2011).

Como parte de una sana y humilde crítica ciudadana al plan de gobierno de la agrupación GANA PERÚ, titulado “La gran transformación”, queremos formular nuestras observaciones, a partir de la propia fuente (el programa político), como también a través de una exégesis elaborada por comunicadores sociales y otras fuentes periodísticas.

Finalmente, compartiremos con ustedes nuestra modesta opinión, desde una perspectiva jurídico-penal.

A continuación reproducimos textualmente el programa referido a los medios de comunicación: 


"2.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA UNA DEMOCRACIA CIUDADANA

a) Breve diagnóstico.

En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar.

Este experimento fracasó y la primera medida del gobierno democrático de Belaunde en 1980 fue devolver los medios confiscados a sus antiguos propietarios. En este contexto, nuevos actores políticos hicieron su aparición al mando de los medios de comunicación. La libertad, pluralismo y competitividad de los medios entrarían en serio entredicho en los años noventa con el régimen autoritario de Fujimori encabezado por Vladimiro Montesinos, quien llegó a comprar la línea editorial de muchos de los principales medios escritos y audiovisuales.

La transición democrática de 2001 no fue aprovechada por los gobiernos de Paniagua y Toledo para revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de la radio y televisión peruana que convirtieron un servicio público en un servicio particular. Hubo en ese momento amplio apoyo de la población para retirar las licencias a aquellos operadores que desvirtuaron este servicio. En julio de 2004 se aprobó la Ley de Radio y Televisión (LRTV) sin que se establecieran mecanismos ni entidades que pudiesen hacer frente a las tendencias hacia la concentración y escaso pluralismo. Dicha ley creó el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), un órgano autónomo de carácter consultivo que produce información interesante, pero que no tiene poder alguno para regular el desarrollo de los medios.

En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios), lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población.

b) Propuestas de política.

Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación.
■Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino.
■Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
■Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales.
■Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia".

Todo Estado Constitucional de Derecho requiere de los elementos constitutivos siguientes: libres elecciones políticas, partidos políticos representativos, separación de poderes, imperio de la ley, derechos civiles y libertades políticas.

Pero éste se perfecciona con la libertad de expresión y de opinión, particularmente con la libertad de prensa.

La prensa peruana (junto a la Iglesia peruana) es una de las pocas instituciones que – a pesar de algunos cuestionamientos – goza de credibilidad entre la ciudadanía.

Es quien sin proponérselo, cumple el papel que la Constitución y las leyes le asignan al Ministerio Publico y a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, puesto que investiga y denuncia hechos en los cuales existe, ya sea la presunción de actos de corrupción, o en todo caso, una mala gestión en entidades de la administración pública.
Por ello, su rol debe ser el tábano para nuestras autoridades.

En cuanto al referente de este programa, deja mucho que pensar la admiración profesada por Humala hacia el modelo argentino.
EL CLARÍN de Argentina, medio que ha sido opositor al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mostró el 28 de marzo de 2011 una portada en blanco, como muestra de protesta por el bloqueo a su planta de impresión.
Este asedio se produjo mediante la Ley de Comunicación Audiovisual argentina.
(Fuente: Diario EL COMERCIO, lunes 28 de marzo de 2011).

Luego, plantear mediante una ley de comunicaciones audiovisuales, la creación de un “consejo público”, que se encargue de evaluar y distribuir las concesiones del espectro radioeléctrico, supone mayor burocratización y costos al aparato estatal. ¿Cuál sería la ubicación de esta entidad en el organigrama estatal? ¿Cuáles serían sus atribuciones distintivas?
Sobre el tema, recogemos las opiniones de la periodista Patricia Del Río, quien consideró que lo mejor que puede hacer el Estado es no meterse en el manejo de los medios, porque para eso están los órganos competentes que fiscalizan la labor de la prensa, tales como, el Poder Judicial, el Consejo de Ética, y el Consejo de la Prensa Peruana
(Fuente: Diario PERÚ 21, miércoles 06 de abril de 2011, página 3).

De otro lado ¿De dónde saldría la partida presupuestaria para su financiamiento?

Coincidimos en parte, con el diagnóstico histórico, formulado por GANA PERÚ.
Efectivamente, existen múltiples formas de amordazar a la prensa.
Las más conocidas e infames fueron la apropiación de las rotativas, la clausura de los locales, el encierro en la cárcel y la expulsión del país a los periodistas. Tales prácticas fueron llevadas a cabo por gobiernos dictatoriales, como el de Sánchez Cerro, Odría y Velazco Alvarado.
Luego, otra modalidad consiste en la compra de las líneas editoriales. Tal como hizo Vladimiro Montesinos, el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuando pagó a diversos medios de televisión y diarios chicha, fondos provenientes del erario nacional, a cambio de obtener una línea política favorable al régimen de Alberto Fujimori.
Otras formas más sutiles de acoso a la prensa son aquellas que menciona Álvaro Vargas Llosa (“Tiempos de resistencia”), que consisten en acudir al Poder Judicial y al Ministerio Publico, para que estos organismos tendenciosamente investiguen, denuncien, procesen y condenen a columnistas e intelectuales que son opositores al régimen de turno. Estos métodos fueron frecuentes en estos últimos diez años por gobiernos democráticos. Por ejemplo, la denuncia fiscal contra el periodista Beto Ortiz (presuntamente orquestada por el gobierno de Alejandro Toledo) a raíz del destape del Caso “Almeyda Pachas”; o el corte del fluido eléctrico al programa radial LA VOZ DE BAGUA, según APRODEH, por parte de policías y funcionarios públicos gubernamentales (junio 2009).
También tenemos aquellas ofertas laborales en el Canal del Estado, no solamente para captar clientelismo electoral e intercambiar favores políticos, sino también para incrustar a comunicadores que sean los voceros oficiales (no necesariamente partidarizados) del gobierno de turno.

Humala por su lado, plantea un reparto equitativo de los medios, para asegurar que estos se encuentren al servicio de la democracia: la descentralización.

En una reciente entrevista ofrecida al programa televisivo PANORAMA, dijo lo siguiente: “Lo que vamos a hacer es descentralizar las regiones, que hayan organismos plurales que puedan ver el otorgamiento de licencias a canales y radios regionales”.
(Fuente: PANORAMA, domingo 17 de abril de 2011).

Ello lo reafirma en la entrevista concedida a Diana Seminario Marón (“Atrapado en sus contradicciones”), afirma lo siguiente: “(…) Hoy está todo centralizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros creemos en la democratización a través de la descentralización a través de organismos plurales donde esté representada la sociedad civil”.

A la pregunta referida a quien sería quien defina eso, responde: “Hay que mejorar las leyes existentes, pero de ninguna manera serán decisiones arbitrarias que hacen que hayan miles de radios informales que cuando se oponen al gobierno, las clausuran. He suscrito el compromiso de Lima del Consejo de la Prensa. No vamos a entrar a ningún tipo de arbitrariedad ni de digitación desde Palacio de Gobierno”.

Y en cuanto a la transferencia de las licencias a los gobiernos regionales, respondió: “Queremos hacer una propuesta al Legislativo para que se establezcan mecanismos plurales para el otorgamiento”.
(Fuente: Diario EL COMERCIO, lunes 18 de abril de 2011, página A2).

A partir de lo anteriormente dicho nos atrevemos a especular que la idea de “descentralización” no necesariamente apunta a una restricción o apropiación de ciertos medios de comunicación hostiles a su partido, sino a facilitar y fomentar la entrega de las licencias a todos aquellos medios y miembros de la sociedad civil que sean propicios a los planteamientos de GANA PERÚ. Y de preferencia, en aquellas regiones donde dicha agrupación política tenga mayor popularidad.

Finalmente, si éste fuera el escenario nos aventuramos a sostener que el simple hecho de disponer de un bien mueble público, como lo es el espectro electromagnético, para favorecer a terceros (entidades públicas gubernamentales y radioemisoras privadas, de orientación filo humalistas), implica o bien la comisión del delito de peculado, o en todo caso, una irregular administración de estas licencias.

El propio Humala, en una entrevista a RPP, reconoce que es el Estado, mas no el gobierno central, el dueño de este servicio: “El Estado es dueño del espacio electromagnético y hoy se dan casos en que hay mucha corrupción en la entrega de licencias de funcionamiento”.
(Fuente: RADIOPROGRAMAS DEL PERÚ, 05 de abril de 2011).

No nos parece malo hacerse autobombo sobre logros y sueños inexistentes, pero sí resulta censurable pretender usar los recursos del Estado para ello.

(Escrito el 19 de abril de 2011).

Críticas al programa sobre lucha anticorrupción de la agrupación política GANA PERÚ

Se ha dicho y escrito mucho sobre la corrupción en el Perú.

No pretendemos fungir de descubridores colombinos sobre este tema.

La corrupción es un fenómeno estructural, que afecta a los individuos, a la sociedad, la economía, la cultura, el desarrollo, la democracia y la gobernabilidad, tanto en una dimensión nacional como a nivel transnacional.

En las líneas siguientes analizaremos algunas de las propuestas sobre lucha anticorrupción, que plantea el grupo político GANA PERÚ (GP), liderada por Ollanta Humala Tasso, las cuales se encuentran en el subcapítulo titulado “Cruzada nacional contra la corrupción y para moralizar la política” (Fuente: La gran transformación, plan de gobierno 2011-2016, diciembre 2010, página 47).

No vamos a detenernos en todas estas promesas electorales, sino en aquellas que nos han llamado más la atención:

A.- Entidades a cargo de la lucha anticorrupción: Previamente hay que mencionar la visión que los militantes de GP entienden por lucha anticorrupción. Como ellos mismos señalan: “desterrar la corrupción es un problema de gobierno y de la ciudadanía, aliados y actuando en conjunto”.

La agrupación GP propone que tal cometido estará a cargo de estas entidades, la Comisión Nacional Anticorrupción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y las Redes de vigilancia y Comités Cívicos Anticorrupción.

A.1.- Comisión Nacional Anticorrupción: Plantean la instalación de una “Comisión Nacional Anticorrupción”. Pero se olvidan que dentro del organigrama estatal, ya existen otros organismos que se ocupan del tema: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Policía Nacional (DIRCOCOR), y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Al respecto, ¿Cuál sería la función de esta nueva entidad? ¿Investigar, resolver, pedir la reparación civil? ¿Cómo podrían insertar a su comisión?

De otro lado, ya han existido antecedentes en lo que a entidades anticorrupción se refiere.

Así tenemos, por ejemplo, la creación de la Procuraduría Ad Hoc, Casos “Fujimori-Montesinos”, equipo que estuvo conformado por un pool de abogados penalistas de primera: José Ugáz Sánchez-Moreno, Luis Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, Iván Meini, José L. Reaño, Héctor Centeno, entre otros.
Fue creada durante las postrimerías del Fujimorato, siendo ratificada posteriormente por los gobiernos sucesivos.
Es importante señalar que fue durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua Corazo (+), que dicha procuraduría gozó de mucho apoyo.
Similar ayuda obtuvo durante los tres primeros años del presidente Alejandro Toledo Manrique, la cual duró hasta la mitad del 2004, porque dicha gestión solicitó conocer ciertos casos sobre corrupción, vinculados a gente del entorno cercano de dicho mandatario particularmente, “Almeyda” (Fuente: Revista CARETAS, de fecha 16 de setiembre de 2004, pp. 10-13 y 77), y “Firmas falsas de Perú Posible”. Lo cual no fue del agrado del gobierno de aquel entonces.

Otro ensayo en la lucha anticorrupción fue la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), que fue concebida por el actual segundo gobierno aprista, mediante el Decreto Supremo N° 085-2007-PCM, de fecha 19 de octubre de 2007. El cual, fue un intento por parte del propio poder ejecutivo para emprender una lucha anticorrupción.
Dicha oficina estuvo conducida por Carolina Lizárraga. Ella fue juez titular del Sexto Juzgado Penal Especial Anticorrupción, mantuvo su independencia del poder ejecutivo del gobierno del presidente Toledo. Tuvo a su cargo el conocimiento de los casos “Almeyda” y “Firmas falsas de Perú Posible” (Fuente: Diario PERÚ 21, columna del editor, de fecha 25 de octubre de 2007). Ella fue quien ordenó la captura y detención contra el ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio Espinoza y otros, por estar involucrado en la compra irregular de alimentos para las víctimas del terremoto en Pisco, el 15 de agosto de 2007 (Fuente: Diario PERÚ 21, de fecha 21 de octubre de 2007, página 5).
En palabras del constitucionalista Francisco Eguiguren Praeli: “Coincido con quienes han resaltado las calidades profesionales y personales de la doctora Carolina Lizárraga, jueza anticorrupción de destacada trayectoria y solvencia moral” (Fuente: Diario PERÚ 21, de fecha 25 de octubre de 2007).
La ONA estuvo conformada también por un equipo de lujo, integrado no solamente por la propia doctora Lizárraga, sino también por veteranos abogados y ex procuradores tales como, Iván Meini y Ronald Gamarra.
Sin embargo, dicha propuesta no prosperó, entre otras razones, porque fue puesta en duda su creación, desde el principio fue cuestionada, tanto por el Ministerio Público, por la Contraloría y por el Congreso de la República.
Desde el Congreso su labor fue discutida por dos parlamentarios, Isaac Mekler (Fuente: Diario PERÚ 21, de fecha 28 de marzo de 2008, página 6) y Daniel Abugattas. Mekler fue miembro de la agrupación Partido Nacionalista Peruano, postula nuevamente al Congreso por la agrupación Solidaridad Nacional; Abugattas, en cambio es integrante de la agrupación GP, también se presenta al Congreso por una curul. La evaluación que éste hizo sobre la gestión de la ONA fue la siguiente: “Es un saludo a la bandera, es una figura meramente decorativa que no tiene mayor trascendencia en la lucha anticorrupción” (Fuente: Diario PERÚ 21, de fecha 23 de mayo de 2008, página 6).
Resulta curioso que Abugattas, uno de los detractores de la ONA, sea quien ahora reclama la creación de una comisión nueva, destinada a investigar la corrupción. ¿Por qué entonces criticó el desempeño de la misma? ¿Lo hizo solamente porque fue creada por un partido oficialista?
Finalmente, el gobierno central no defendió a la ONA, y esta sucumbió.

Entonces, de lo que se trata es de respetar la autonomía, independencia y funciones de entidades abocadas a combatir este flagelo institucional. No en burocratizar innecesariamente el aparato estatal.

A.2.- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Los integrantes de GP plantean que el Ministerio de Justicia deberá llamarse Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. No vemos utilidad alguna en dicha denominación.

Asimismo plantean que la cultura de la lucha contra la corrupción sea fundamentalmente formativa y sea encargada al Ministerio de Educación, para que este haga las coordinaciones con el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos (Fuente: Entrevista concedida a Omar Chehade, en el programa televisivo de RPP Noticias, conducido por Patricia Del Río y Renato Cisneros, de fecha 10 de febrero de 2011).

Nosotros discrepamos, porque se trata de dos ministerios cuyos propósitos y funciones son diferentes. El único denominador común es su pertenencia al Poder Ejecutivo.

Es cierto que la primera escuela es el hogar. Por tal razón, estas campañas educativas deben empezar por casa, continuar en el colegio, y en los centros de estudios superiores.

El papel pro activo de los organismos públicos es bienvenido. Estos pueden también asumir alguna iniciativa en estos temas, organizando conferencias, seminarios y congresos.

Hay que reconocer que el papel protagónico en las cruzadas anticorrupción, durante estos diez años, estuvo liderado por la sociedad civil y por determinados medios de comunicación.

A.3.- Redes de vigilancia y Comités Cívicos Anticorrupción: La agrupación GP plantea la creación de redes de vigilancia ciudadana, comités cívicos distritales, provinciales y regionales. ¿De dónde saldría el presupuesto para estas entidades? ¿Cuáles serían sus atribuciones?

Otra vez insistimos en no burocratizar más el aparato estatal en oficinas paquidérmicas.

B.- Los sujetos activos del delito: Aquí nos referimos a los autores y cómplices de los delitos contra la administración pública.

Los miembros de GP hacen hincapié en sancionar únicamente a las mafias y grupos de poder. Aquellos se refieren particularmente al régimen autoritario fujimontesinista. Pareciera que omiten otros casos referidos a delitos contra la administración pública, cometidos en otros gobiernos, o por sus propios militantes.
Da la impresión que solamente les interesa castigar la corrupción proveniente de sus adversarios políticos. Politizan el tema.
Se olvidan que también existe corrupción en otros organismos y entidades públicas.

La corrupción se manifiesta en las fuerzas que garantizan nuestra seguridad externa e interna.
¿Cómo piensan hacer para reformar a las fuerzas armadas y policiales?
Es cierto que en las fuerzas armadas y policiales existe un problema de presupuesto, lo cual es más dramático tratándose de la Policía Nacional Peruana (PNP). En cuanto a ello, me niego a creer que con aumentarle los sueldos y las pensiones a su personal, estos se volverán más honestos y eficientes.
Luego ¿Sancionarían y darían de baja a todos aquellos malos elementos? ¿Cómo harían para exigirle la documentación faltante al Ejército Peruano (EP), en lo que se refiere a la época de la violencia interna (1980-2000)?

También hay corruptela en el sector justicia.
Al respecto, tenemos a organismos como el ministerio público y el poder judicial, quienes son los que persiguen y sancionan, respectivamente, los actos delictivos contra la administración pública. Como ya lo dijimos ¿Cómo enfrentarían a la corrupción en dichas entidades, sin alterar su autonomía, independencia y presupuesto?
Afortunadamente, el poder judicial se encuentra presidido por el doctor César San Martín Castro, un magistrado probo. Espero que cualquier agrupación política escuche las propuestas de este jurista.

C.- Sanciones penales: Aquí nos vamos a concentrar en la imprescriptibilidad para los delitos cometidos en agravio del Estado, y en la inhabilitación perpetua (Fuente: Entrevista concedida a Omar Chehade, en el programa televisivo de RPP Noticias, conducido por Patricia Del Río y Renato Cisneros, de fecha 10 de febrero de 2011).

C.1.- Imprescriptibilidad para los delitos cometidos en agravio del Estado: En estos casos la imprescriptibilidad es desproporcionada con los fines de nuestro Derecho Penal.
Atenta contra el principio, garantía y medio de defensa conocido como la Cosa Juzgada o “cosa decidida”. En virtud de ella, nadie podrá ser perseguido dos veces por los mismos hechos y por el mismo pedido de aplicación de la misma pena.
Su efecto principal es la renuncia del Estado a la imposición de una pena.
La prescripción produce el mismo efecto que la Cosa Juzgada, conforme a lo regulado por el artículo 139° inciso 13 de la Constitución de 1993.

En el ámbito del Derecho Internacional Público, solamente son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, es decir, son perseguibles en cualquier tiempo y lugar (Articulo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998. Entró en vigencia el 01 de julio de 2002).
A sensu contrario, el resto de delitos sí prescriben.
Por ello, esta propuesta es el equivalente, en materia de derechos humanos, a aquellos planteamientos electorales, que piden la pena de muerte para los violadores a los menores de edad, o la castración química.
Es una medida jurídica populista.

A lo anteriormente dicho se agrega el potencial riesgo de una sentencia supranacional, de la Corte Interamericana, que declare nulo lo actuado por atentar contra ciertas garantías y estándares procesales, sobre todo, la igualdad ante la ley.

Frente a ello, en estos casos lo que corresponde es la aplicación estricta de las reglas de prescripción fijadas por nuestro ordenamiento jurídico nacional.
Al respecto, nuestra Constitución actual en su artículo 41°, en su último párrafo indica que el plazo de prescripción se duplica, para los ilícitos penales cometidos por funcionarios y servidores públicos. En concordancia con este dispositivo, se encuentra el propio artículo 80° del Código Penal de 1991 (CP), cuya parte final refiere lo mismo.

De otro lado, para evitar que los funcionarios públicos acudan maliciosamente a este medio de defensa técnico, se debe exigir a los fiscales y a los jueces cumplir con los plazos programados conforme a ley. Es decir, no deberán alargar la etapa de instrucción más allá de lo razonable, en especial, si se trata de un proceso de conocimiento. En caso contrario, que estos magistrados sean sancionados conforme a su reglamento administrativo.

Igualmente, si se pone en marcha castigos más severos para los funcionarios públicos, en presuntos actos de corrupción, tales como la imprescriptibilidad de las penas. ¿Quién va a querer postular o aceptar un cargo público? No lo verán como un trabajo, sino como un castigo.
Dicha sanción supondría tener que denunciar también a los dirigentes de cualquier entidad pública (Por ejemplo, las autoridades que trabajen para una universidad pública, un museo, un edificio histórico, una reserva natural, etcétera), ante la menor señal de un escándalo de corrupción de algún subordinado suyo.

En conclusión, si se aplica dicha sanción, ello desalentaría el ingreso a la administración pública de profesionales honestos, honrados e idóneos quienes, sin importar el sueldo, desearían prestar sus conocimientos y servicios a la sociedad, desinteresadamente. Como consecuencia de ello, el Perú perdería un capital humano valioso.

C.2.- Inhabilitación perpetua: La inhabilitación perpetua para los funcionarios y servidores que cometan delitos contra la administración pública, ya se encuentra regulada en el CP de 1991.
Basta con revisar los artículos 426°, en concordancia con los artículos 36.2° y 38° del mismo cuerpo legislativo.
Lo que corresponde es efectuar una exegesis debida de nuestros textos legislativos. Si no se entienden, se acude a la doctrina. Por último, podemos buscar el sentido normativo, leyendo los plenos jurisdiccionales.


De lo que se trata es de hacer cumplir las normas vigentes. No de perder el tiempo discutiendo en inventar nuevos dispositivos.


Como una recomendación final, exhorto, con toda humildad, a los asesores jurídicos de GP que revisen los principios generales del Derecho, la normatividad nacional e internacional, la doctrina, y la jurisprudencia vigentes.


(Escrito el 04 de abril de 2011).

Motivos jurídicos y económicos para no votar por Keiko Fujimori

Desde que la señora Keiko Fujimori Higuchi decidió postular a la presidencia de la república, ha recibido muchas críticas y censuras. La mayoría de estas provienen no sólo de sus adversarios políticos, sino también de intelectuales, y activistas y grupos pro derechos humanos.

Fotograma perteneciente a la agrupación política "Fuerza 2011" (03.11.2011).

Yo también me aúno a ellas, pero quiero manifestar que en mi discrepancia no hay odios, ni una visión maniquea antifujimorista, sino un rechazo hacia todos aquellos miembros y militantes que hayan sido sentenciados por delitos contra la administración pública y por crímenes de lesa humanidad. Igualmente, mi aversión va dirigida hacia aquellos integrantes que hasta la fecha no han hecho un mea culpa. A ello añado que mis diferencias con la candidata K. Fujimori son en materia jurídica y económica.

Previamente, hay que distinguir lo que es fujimorismo, montesinismo y fujimontesinismo. Son conceptos interrelacionados, sí, pero diferentes: “Fujimorismo” es admiración hacia la persona y al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, “montesinismo” es tomar partido por el entorno de Vladimiro Montesinos Torres, el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y “fujimontesinismo” es sinónimo de fujimorato, es decir, un régimen autoritario, cleptocrático, populista y pro libertad empresarial.

Ahora bien, es importante destacar que hubo cosas positivas en dicho gobierno.
En primer lugar, pocas veces en nuestra historia republicana un presidente acudió personalmente a diversas provincias para comprobar su situación de pobreza. Ello explica por qué los fujimoristas tienen simpatizantes en provincias como Cajamarca, Huánuco y Parinacochas, por citar algunos ejemplos.
En segundo lugar, hubo un saneamiento de la economía. A inicios de los noventa se redujo el personal de ciertas empresas estatales, privatizándolas, medida que fue implementada como un modo para enfrentar la hiperinflación heredada en los años ochenta.
Y en último lugar, merece ser mencionada la “Paz de Itamaratí”, el 26 de octubre de 1998. Con todos los cuestionamientos que podamos hacerle, fue un paso importante para fortalecer nuestras relaciones con el Ecuador. En palabras del periodista Augusto Álvarez Rodrich: “(…) El resultado del acuerdo ha sido singular, pues ello logró que dos países que vivieron enfrentados por muchos años, consiguieran una nueva articulación que casi no ha dejado huella de los tiempos del antagonismo (…)” (Fuente: Diario Perú 21, 25 de octubre de 2008).

De otro lado, un estereotipo muy recurrente antifujimorista es aquel en el cual se piensa que todos los simpatizantes del movimiento “Fuerza 2011” son antidemocráticos, anti-sistémicos y opuestos a todo lo que sea la promoción de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Es más, que ellos son cómplices de la corrupción y de los asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta. El denominador común en todas estas personas es el culto que profesan hacia el orden y la seguridad por encima de todo. Este anhelo se ve agudizado debido al problema de la inseguridad ciudadana, la cual se ve afectada tanto por las bandas de secuestradores como por el narcotráfico.

Hasta aquí intento ser objetivo y justo con el adversario. En las líneas siguientes voy a exponer mis críticas, en las cuales emplearé razones jurídicas y económicas.

Veo que a K. Fujimori no la confrontan con los argumentos adecuados. Por ejemplo suelen repetir el estribillo que es “digna hija de Alberto Fujimori”.

En cuanto a los fundamentos jurídicos ¿Qué se le debe decir a la ciudadanía para convencerla de no votar por ella? (o al menos hacerlos dudar en su intención de voto).

Primeramente se les debe informar que esta señora se encuentra investigada por complicidad por peculado, en el caso “Estudios en el extranjero”. A Keiko Fujimori y a sus hermanos se les imputa haber recibido dinero de Montesinos Torres, por un monto ascendiente a $1’225,000.00, para realizar sus estudios superiores (Fuente: La República, 20 de julio de 2010). El caso no ha prescrito todavía.

Luego, cuando alguien se enterque sosteniendo que su padre acabó con la subversión y por ello se encuentra preso injustamente, debemos replicarles, que dicho ex mandatario cumple pena privativa de libertad, no solamente por haber sido condenado por la comisión de los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio calificado, sino porque él mismo ha reconocido su responsabilidad por los delitos de allanamiento ilegal, corrupción e interceptación de comunicaciones, y peor aún, peculado por $ 15’000,000.00. Por lo tanto, si su padre aceptó ser el autor de tales delitos, ¿Por qué entonces el electorado de K. Fujimori insiste todavía en la inocencia de aquel? ¿Tan poco les importa que se hayan sustraído montos del erario nacional?

Después, si los militares y los policías son quienes defiendan ardorosamente a Alberto Fujimori, en la creencia que él sí los protegió, y que K. Fujimori haría lo mismo de llegar al poder. Pues a aquellos hay que replicarles y refrescarles la memoria de los delitos cometidos por Montesinos Torres, en perjuicio de los miembros de las fuerzas armadas y policiales:
1.- Colocaba a la gente de su entorno en los puestos claves: Sector Justicia, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, etcétera.
2.- Este señor y sus testaferros desviaron fondos de la Caja de Pensiones Militar y Policial (CPMP).
3.- Recibió cupos tanto del narcotráfico nacional como de los carteles de los hermanos Arellano Félix de Tijuana (México). Con tal proceder los Estados Unidos (EE.UU.), a través de la DEA, no puso en la mira.
4.- Durante el “Conflicto del Cenepa”, con el Ecuador, consiguió armamento defectuoso, con el cual pelearon en condiciones desfavorables nuestros soldados.
5.- Participó en la triangulación de armas para las FARC, con vendedores de armas de Jordania, a cambio de dinero. Con ello logró que el Pentágono, la fuerza militar de los EE.UU., pensara la posibilidad de intervenir militarmente en nuestro país. ¿Entonces, las fuerzas armadas y policiales elegirían a alguien que no ha mostrado públicamente su repudio al ex asesor de su padre? ¿Dicho sea de paso, cómo pueden admirar todavía a un ex presidente, al cual no le importó en lo más mínimo la situación de quienes garantizan nuestra seguridad interna y externa?

Luego en lo que se refiere a los razonamientos económicos, es importante acudir también a los sectores empresariales peruanos y a las transnacionales, para explicarles cuáles serían las desventajas económicas si se opta por ella.
Aquí se debe poner énfasis en que si ella llega a ocupar el sillón presidencial, va a aplicar un remedo de las recetas económicas de Carlos Boloña, ministro de su padre.
Ella no va a ofrecer estabilidad macroeconómica. Lo que ella plantea no es librecambismo (que supone una interacción entre consumidores y ofertantes, con reglas del mercado claras, y una intervención estatal mínima), sino libertad de empresas, y sólo para ciertas empresas.
En los procesos de privatización y licitaciones lo que K. Fujimori propondría es la ausencia de trasparencia y publicidad, y concesión y licitación para empresas ineficientes o peor aún, fantasmas.
Ese tipo de prácticas económicas fueron usuales durante el gobierno de su progenitor.
Por tal razón, muchos intelectuales, la ciudadanía de a pie, y los diversos gremios (maestros obreros, trabajadores portuarios, campesinos, etcétera), asocian neoliberalismo con corrupción. Cuando en realidad lo que existió durante los años noventa fue la aparición de una nueva oligarquía empresarial.

A los sectores mesocráticos y a los habitantes de los conos se les debe explicar que todas las obras públicas y asistencialistas que ponga en marcha la candidata fujimorista, van a tener efectos secundarios negativos en nuestros ingresos. Lo cual se va a traducir en aumentar nuestras obligaciones tributarias.
Como dice el viejo adagio entre los economistas: “No hay merienda gratis”.

En otras palabras, su modelo económico es una versión contemporánea, criollo-cumbiambera de un mercantilismo asistencialista pro empresarial.

Sostengo que tengo derecho a afirmar lo dicho en los párrafos anteriores, ello porque fui uno de tantos universitarios que protestó activamente contra el régimen de su padre, integré el “Colectivo Sociedad Civil”, y porque además tuve el honor de trabajar para una gestión de lujo, integrada por procuradores de la talla de José Ugáz Sánchez-Moreno, Luis Vargas Valdivia, Ronald Gamarra Herrera, entre otros, en la Procuraduría Ad Hoc, Casos “Fujimori-Montesinos”. Entonces, algo conozco sobre el tema.